Los tractores han abandonado la esfera del campo para escenificar en las carreteras y en el centro de las ciudades la protesta de un sector que afirma estar ahogado por la burocracia comunitaria y el incremento de los costes de producción, que no se ha trasladado a los precios en origen. El anuncio de Úrsula von der Leyen no sirvió para calmar los ánimos, así que se ha hecho patente un malestar transversal con muchas derivadas, entre los que se encuentra la dificultad de cerrar convenios colectivos cuando en paralelo salen adelante nuevas legislaciones para las que no son tenidos en cuenta, según reprochan los empresarios y los trabajadores en conversación con este medio.
CEOE, CCOO y UGT tratan de sacar adelante el primer convenio estatal del sector agropecuario, pero admiten que las conversaciones avanzan muy despacio y dudan de si podrá salir adelante este 2024. "Llevamos con este tema desde 2016, la patronal se negaba a aprobar un convenio nacional y se impulsaron conflictos colectivos con los que a partir de una sentencia se señaló a CEOE y Cepyme como interlocutores" explica el secretario del sector agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena. "En 2018 hubo un parón que coincidió con la primera subida importante del salario mínimo interprofesional (SMI) y con la pandemia la negociación se enfrió. En 2022 tuvimos el primer contacto con Asaja, se dispararon los costes y a lo largo de 2023 hubo reuniones y seguimos en ello" relata en conversación con La Información.
"Llevamos más de un año trabajando en él y avanzamos muy despacio" coincide el responsable del sector agrario de CCOO, Vicente Jiménez, quien valora que primero la reforma laboral -con la conversión de contratos temporales a fijos discontinuos- y después el impacto de los incrementos del SMI en las tablas salariales del sector han dificultado que se llegue a un acuerdo sobre el texto. "El problema es que empezamos la casa por abajo, primero hablamos de salario y después de todo lo demás, y el SMI está haciendo un flaco favor a un sector que ya de por sí está mal, pero la alternativa no es mejor, no podemos seguir precarizando el campo, eso no lo hará más competitivo" aprecia el representante sindical.
El efecto del SMI en la negociación del sector agrario
Sin embargo, no todas las organizaciones agrarias creen que este acuerdo laboral a nivel nacional sea la solución. "No creemos que un convenio nacional sea útil, porque es una profesión en la que hay cientos de circunstancias diferentes en función de los cultivos, las campañas y el territorio. Hay que desarrollar convenios sectoriales o provinciales que sean elaborados por los que tienen un vínculo estrecho con este trabajo" explica el responsable de relaciones laborales de COAG, Andrés Góngora, asociación que no participa en la negociación del texto. El portavoz coincide en que tanto la reforma laboral como las subidas del SMI han supuesto un "traspiés" para la negociación en este sector, ya que al reflejarse en el Estatuto de los Trabajadores afecta a las conversaciones en curso y obliga a modificar lo ya acordado.
"Lo que está pasando es que tenemos trabas a la hora de negociar porque los temas ya están negociados, en tanto que el Gobierno impone la forma de contratación a través de la reforma laboral, el salario de los trabajadores vía SMI y ahora parece que la jornada" reprocha el secretario de organización de Asaja, Juan José Álvarez, en conversación con La Información, quien admite que a pesar de haber retomado la negociación en 2023 se va "muy lento" e ironiza con que van a tener que negociar con el Ministerio de Trabajo en lugar de con los sindicatos. La organización empresarial recuerda que las subidas del 54% del SMI en los últimos años han llevado aparejada un alza de las cotizaciones, mientras que el Gobierno ha rechazado introducir una bonificación específica para aliviar esta carga, como reclamó CEOE en esa mesa.
No obstante, el vicesecretario general de políticas sectoriales de UPA, Cristóbal Cano, rechaza señalar el SMI como el problema. "No lo vemos como una amenaza, es una normativa que entendemos, pero exigimos que los productores tengamos los costes de producción cubiertos" explica al teléfono. El portavoz también lamenta no tener representación en la mesa de negociación del convenio nacional, porque valora que puede ser positivo a la hora de homogeneizar condiciones mínimas como el salario, aunque después los provinciales puedan ahondar en las características específicas. Con ese propósito, han mantenido algunos contactos con UGT para desarrollar un acuerdo laboral autonómico que sea de aplicación para toda Andalucía. "Nuestra visión es la de progreso, para los trabajadores y los empresarios" subraya. Los convenios regionales primarán sobre los nacionales por el pacto del PSOE y el PNV.
Los portavoces sondeados por este medio inciden en que en los últimos meses se han producido avances en los convenios de regiones como Ciudad Real, Granada, Navarra, aunque hay muchos otros que están paralizados desde hace años, entre otros hacen referencia al de Almería (2015) y de Las Palmas de Gran Canarias (2011). "Hay un total de 61 convenios provinciales o regionales y cerca de 30 de ellos están vencidos" apunta el responsable de UGT, quien confía en que se produzcan avances a lo largo de 2024 a pesar de que admite ser consciente de que no es el mejor momento para el sector y eso dificulta que se cierre un texto nacional. También tienen dudas sobre cuál va a ser el impacto de la negociación de la reducción de jornada laboral, que por hablarse en términos anuales podría tener un impacto menor en el sector.
Segunda semana de protestas
Las protestas del campo español se han recrudecido en los últimos días, con la entrada en escena de las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), que mantendrán su calendario de movilizaciones hasta el próximo 26 de febrero. Este día tendrá lugar un decisivo Consejo Europeo de Ministros de Agricultura con un único punto: la "flexibilización" de la Política Agraria Común (PAC). En paralelo, se mantienen las acciones de protestas de otras asociaciones agrarias como Unión de Uniones mientras Asaja, COAG y UPA han abierto una vía de negociación con el ministro de Agricultura Luis Planas.
Este diálogo dio sus primeros frutos este jueves, con intriga incluida durante toda la jornada, en forma de un paquete de 18 medidas. Algunas de ellas aún pendientes de perfilar con Bruselas y las comunidades autónomas. Entre ellas, la mencionada simplificación de la PAC en aspectos como la rotación de cultivos, el 'ascenso' de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) al rango de Agencia Estatal; así como la voluntariedad del cuaderno digital de explotación, el compromiso de mejora de los seguros agrarios y la reorganización de la inspección en frontera.
