El año nuevo viene cargado de cambios en la economía española que afectarán tanto a grandes multinacionales como a los hogares en sus compras y trayectos del día a día. El paquete de respuesta a la crisis generada por la guerra de Ucrania, incluye rebajas en el IVA de ciertos alimentos, bonificaciones al transporte público y garantías para los alquileres y se suma a otras iniciativas legislativas que han elevado el precio de los peajes, fiscalizado los beneficios de la banca, las eléctricas y las grandes fortunas e introducido cambios en la cotización de trabajadores por cuenta ajena y propia.
¿Cuáles son los nuevos impuestos?
Este domingo el IVA aplicado a los alimentos básicos (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) pasa del 4% a 0. Mientras que el aceite y la pasta experimentarán una reducción de cinco puntos, pasando del 10 al 5%. Con esta medida, el Gobierno pretende aminorar el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias españolas para llenar el carro, ya que la inflación se ha notado especialmente en los productos más esenciales. Por ello, la CNMC vigilará que las grandes distribuidoras trasladen esta rebaja al bolsillo de sus clientes y no aprovechen la ocasión para ensanchar sus márgenes empresariales.
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional de pensiones también entra en vigor este primero de enero. Trabajadores y empresarios cotizarán un 0,6% más (asumiendo el 0,5% los primeros y el 0,1% restante, los segundos) con el objetivo de engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y hacer el sistema de pensiones más sostenible durante los próximos años. En paralelo, se hace efectiva la subida del 8,5% en las prestaciones por jubilación desde enero. En el lado negativo, la tributación en el IRPF de las rentas de capital comprendidas entre los 200.000 y los 300.000 euros se eleva un punto, hasta alcanzar el 27%. Para aquellas olusvalías que excedan esta cantidad, el tributo ascenderá hasta el 28%. Esta medida se une a la ampliación de la exención para no pagar el IRPF a las rentas de hasta 15.000 euros y de la reducción por los rendimientos de trabajo hasta los 21.000.
El impuesto de sociedades también sufre modificaciones con la entrada de 2023, puesto que se establece un tributo mínimo del 15% para las compañías que facturen más de 750 millones de euros. En cambio, para las empresas que en el periodo anterior hayan anotado menos de un millón de euros y no se trate de una entidad patrimonial, el gravamen se reduce del 25 al 23%. Además, entran en funcionamiento las nuevas cuotas para autónomos basadas en los ingresos reales, que oscilan entre los 670 euros mensuales y los 6.000, según 15 tramos de rendimiento neto a partir de los que se calcula la cuota.
Unos días antes de las campanadas, el 29 de diciembre, también empezaron a ser de aplicación los impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, las empresas energéticas y las entidades financieras. Con el primero, se busca gravar aquellos patrimonios que superen los tres millones de euros para que no puedan quedar al margen de la fiscalización gracias a las bonificaciones de las comunidades autónomas. El tipo impositivo oscila entre el 1,7 y el 3,5% en función de la cuantía del patrimonio, estableciéndose el máximo para los que superen los 10,6 millones de euros. En cambio, las energéticas deben enfrentar un tributo del 1,2% sobre su cifra de negocio en el caso de haber superado los 1.000 millones de facturación en 2019. Por último, el aplicado a la banca gravará al 4,8% los intereses y comisiones de las entidades con una cifra de negocios superior a los 800 millones en 2019.
Además, se introduce un nuevo impuesto para los envases de plástico no reciclado, que tasa en 0,45 euros cada kilogramo neto que no haya sido transformado. Este tributo se incluye en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y entra en vigor con el comienzo del nuevo año, aunque afectará principalmente a las empresas del sector.
Cambios en el transporte
Con la aprobación del tercer decreto 'anticrisis', el Gobierno de Pedro Sánchez condicionó la extensión del descuento del 30% al transporte público a que las comunidades autónomas contribuyesen, elevando la bonificación hasta el 50%. Muchas de ellas ya han decidido sumarse, no solo porque resulta muy beneficiosa para sus ciudadanos, sino porque resulta especialmente interesante en un año con varias citas electorales. Sin embargo, el descuento generalizado de 20 céntimos por litro para los carburantes se queda en 2022 y en el nuevo año queda limitado a los sectores del transporte, la agricultura, navieras y pescadores.
Este 1 de enero también se eleva el precio de los peajes, usualmente vinculado al dato del IPC, pero que esta vez el Ejecutivo central ha querido limitar la subida al 4%, en lugar del 8,4% que sería de aplicación en once autopistas de pago que dependen de la Administración General del Estado. Los usuarios de las autopistas AP-51, AP-61, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68 y AP-71, AP-9, AP-6 y AP-46 serán testigos de esta subida. Mientras que, las gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) mantendrán las tarifas congeladas desde 2019. Es decir, la R-2, R-3, R-4 y R-5, la M-12 de Barajas, la AP-36 y AP-41.
Novedades en el alquiler y la hipoteca
Ante la escalada sin freno del Euríbor que afecta a casi todos los hipotecados en España, el Gobierno lanzó el Código de Buenas Prácticas al que las entidades financieras debían adherirse antes de finalizar el 2022, ya que ha entrado en vigor con las campanadas. Este incluye medidas para los clientes vulnerables (con ingresos de hasta 25.200 euros al año) y aquellos en riesgo de vulnerabilidad, que a pesar de ganar hasta 29.400 euros han sufrido una merma en su capacidad adquisitiva por el encarecimiento generalizado de los precios y los tipos de interés.
Básicamente, se van a llevar a cabo reestructuraciones de los créditos de estos clientes con el objetivo de impedir que se produzcan impagos y desahucios como los que se produjeron durante la crisis que comenzó en 2008. Las personas vulnerables podrán optar a un tipo de interés más bajo durante cinco años, con Euríbor menos 0,1% y hasta siete años de prolongación de vida del crédito, siempre que en total no se llegue a los 40. Además, disponen de hasta dos años para solicitar la dación en pago de la vivienda (la entrega del inmueble a cambio de cancelar la deuda pendiente).
Aquellas familias con rentas inferiores a 25.200 euros y que destinen la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca podrán pedir una carencia de dos años, es decir, un retraso del pago, disfrutar de un interés menor en ese periodo y alargar el plazo hasta siete años. Con la novedad de que no es necesario que hayan visto incrementado en un 50% el esfuerzo hipotecario. En cambio, para los hogares con ingresos de hasta 29.400 euros, si será necesario que destinen más de un 30% al pago de la deuda y este esfuerzo se haya incrementado al menos un 20% para congelar hasta 12 meses la cuota y acceder a las mismas condiciones de interés y plazo.
Por otro lado, en el 2023 se extiende el límite del 2% para la subida de los alquileres ya existentes. Es decir, si anualmente el propietario revisa el contrato en función de la evolución del IPC, no podrá subir todo el porcentaje correspondiente (8,4%). Además, hasta junio de 2023, los inquilinos podrán solicitar una prórroga de su contrato de alquiler de seis meses que mantenga las mismas condiciones de las que goza actualmente. Con el fin de evitar que el arrendador pueda forzar la salida de estos para buscar nuevos residentes a los que aplique una subida de precios.
Suben las pensiones contributivas y no contributivas
En el último paquete de medidas, el Consejo de Ministros también aprobó la subida de las pensiones de acuerdo con la fórmula del Pacto de Toledo, que vincula su actualización al dato del IPC para evitar pérdidas en el poder adquisitivo de este colectivo, según recordó el propio Pedro Sánchez. En concreto, las pensiones contributivas experimentarán una subida del 8,5%, ya que se ha redondeado el dato de la inflación, mientras que la no contributivas se elevarán un 15%, según acordó el Ejecutivo con el grupo de EH Bildu para obtener su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado en 2023.
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