La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que se establezcan sanciones "desincentivadoras" contra las petroleras que incurran en prácticas anticompetitivas. La ministra ha destacado el impulso que el Gobierno ha dado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al ser preguntada en el Congreso por el grupo de EH Bildu por la investigación que el organismo regulador ha puesto en marcha contra Repsol, Cepsa y BP por aplicar descuentos al combustible.
Calviño ha sostenido que el respaldo del Ejecutivo para que la CNMC actúe con determinación es total, al ser preguntada por el portavoz de la formación euskera, Oskar Matute por cuál iba a ser la actuación del Gobierno a la vista de los "precedentes". La responsable de economía ha llamado a respetar el proceso de investigación y ha coincidido con el diputado en que las sanciones deben ser más elevadas para no permitir que cometer infracciones compense frente a una condena de un importe reducido. Además, ha destacado el compromiso de Moncloa "para evitar que, en este momento tan delicado, haya quien saque un beneficio extraordinario o una ventaja relativa como consecuencia de una guerra a las puertas de Europa".
La economía ha protagonizado la primera parte del debate de la Sesión de Control al Gobierno en plena crisis por la resolución del Tribunal Constitucional, en la que las preguntas se han dirigido a las tres vicepresidentas. Nadia Calviño también ha sacado pecho de la evolución economía del país que, ha asegurado, "resiste bien" pese a la inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania. La ministra ha destacado el dato de inflación, que ha bajado cuatro puntos, pasando a ser la más baja del entorno de la Unión Europea y ha garantizado que el trabajo desde Moncloa se encamina a generar "tranquilidad, confianza y responsabilidad".
Después ha sido el turno de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien ha puesto en valor que el tope al precio del gas ha supuesto un ahorro de 4.000 millones de euros para los españoles, al tiempo que ha destacado el papel de España para garantizar el suministro de Portugal y Francia y contribuir a reducir la dependencia del gas ruso. Asimismo, ha defendido la apuesta por el H2met frente al midcat que ha quedado descartado, después de que el Partido Popular acusase al Gobierno de desperdiciar tiempo y dinero en el antiguo proyecto y sugiriese que el cambio en las interconexiones no favorecen a nuestro país.
Ribera también ha sostenido que garantizar que los ciudadanos pueden hacer frente a las facturas de luz y calor constituye una de las prioridades del Gobierno y que los cuatro indicadores de pobreza escondida (es decir, la que mide el confort económico situado por debajo del habitual) se han mantenido estables o se han reducido desde la implementación de una política específica para la reducción de la pobreza energética en 2019.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha hecho referencia de nuevo al millón de contratos indefinidos que se han firmado, tras lo que uno de cada dos trabajadores ya cuentan con esta modalidad de acuerdo laboral. Asimismo, ha recordado el paquete de medidas impulsadas desde su cartera, como la ley rider, la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el incremento de 100 euros en la prestación por desempleo y ha prometido sacar adelante un estatuto para los trabajadores de la cultura.
También, al ser preguntada por la bancada popular por sus viajes al extranjero, ha destacado que España ya es el país que más convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado y el papel del país en la defensa de la economía social ante la Asamblea de Naciones Unidas. Además, ha defendido que sus encuentros no han discriminado en función del partido que estuviese al frente de cada gobierno, después de que la bancada de la oposición le reprochase su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner después de ser condenada por corrupción.
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