Cambio de marcha en la carrera de los fondos europeos. El Gobierno acelera los trámites para lanzarse ya a la segunda fase en la que España va a endeudarse para financiar el Plan de Recuperación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tenía previsto dar este paso a mediados de año, pero la crisis provocada por la guerra en Ucrania ha precipitado sus planes. El Ministerio de Asuntos Económicos ha pedido al resto de departamentos ministeriales que propongan nuevas reformas e inversiones para incorporar en una adenda que se remitirá a Bruselas junto con la solicitud de la parte los fondos correspondiente a créditos. Hasta ahora, el gobierno español solo había pedido las transferencias no reembolsables, pero la delicada situación de la economía ha forzado la decisión de solicitar también los préstamos.
Economía ha enviado una carta al resto de ministerios en la que pide que le remitan toda la información relativa a las nuevas reformas e inversiones que propongan para financiar con cargo a los préstamos. En la misiva, a la que ha tenido acceso La Información, Calviño explica a los demás ministros del Gobierno que las nuevas medidas propuestas "tendrán que incorporarse en los 30 componentes ya existentes, pudiendo articularse, bien como una nueva ampliación de fondos de las actuaciones ya incluidas en los componentes, bien como nuevas actuaciones a incluir en los componentes". Es decir, podrán ampliarse inversiones, reformas vinculadas, hitos y objetivos ya comprometidos o adoptarse otros nuevos, que deberán ejecutarse dentro del periodo comprendido entre los años 2023 y 2026.
Llama la atención la cantidad de dinero a la que hace referencia el Ministerio en su carta. Hay que recordar que cuando Bruselas aprobó el Plan de Recuperación se estimó que España tendría acceso a unos 140.000 millones de euros, la mitad (70.000 millones) en transferencias no reembolsables y la otra mitad, en créditos. Pues bien, Economía ha recalculado esas cantidades vinculadas al crecimiento del PIB y matiza ahora que la parte de los fondos que España no tendrá que devolver a la UE se queda en 69.513 millones de euros, mientras el volumen correspondiente a los préstamos reembolsables se dispara un 20% respecto a la cantidad inicialmente estimada. Economía explica que "el importe máximo para cada Estado miembro no excederá del 6,8% de su Renta Nacional Bruta en 2019 a precios corrientes" y "en el caso español este importe ascendería a unos 84.000 millones de euros".
Calviño recuerda a los ministerios que las medidas que planteen estarán igualmente condicionadas por los requisitos establecidos en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Es decir, deberán obedecer a los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%), así como al resto de regulación relevante, como el principio de "no causar daño significativo". Y además les indica que con los nuevos fondos se va a priorizar la financiación de inversiones financieras (préstamos, participaciones en capital, garantías y avales) y adicionalmente se podrán incluir inversiones reales a realizar entre 2023 y 2026, teniendo en cuenta que el plazo para la finalización de los hitos y objetivos concluye el 31 de agosto de 2026. "En todo caso, la selección de las medidas y su programación a lo largo del periodo tendrá en cuenta el impacto en déficit y, por consiguiente, el reparto entre inversiones financieras e inversiones reales", añade la misiva.
Inversiones en energías renovables
Precisamente, a mediados de marzo, los ministros de Economía de los 27 (el Ecofin) acordaron una estrategia económica coordinada para amortiguar las consecuencias de la guerra en Ucrania, en particular el fuerte aumento de los precios de la energía, y el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, invitó a los Estados miembros a solicitar los créditos que tienen adjudicados del fondo Next Generation para minimizar el impacto de la crisis y acelerar las inversiones en energías renovables, una de las principales vías para lograr la independencia del gas ruso. Francia, Italia y España apostaron por crear un nuevo fondo de recuperación para invertir en energía y defensa, pero tuvieron que dar marcha atrás por la oposición de Alemania y los frugales. La estrategia española ahora pasa por reeditar el Plan de Recuperación de la pandemia para adaptarlo a la economía de guerra.
En ese contexto, en relación a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (los conocidos como PERTEs), el Ministerio informa en su misiva al resto de departamentos de que aquellos responsables de alguno de estos proyectos pueden "valorar la posibilidad" de utilizar los fondos provenientes de los préstamos para "reforzar y dar continuidad a las actuaciones contenidas en dichos PERTEs a partir de instrumentos financieros directos o canalizados a través de fórmulas como las sociedades público-privadas". Y a renglón seguido aclara que, en esos casos, "habrá de incluirse el tratamiento en el marco de ayudas de Estado desde el momento en que se definan las inversiones". Y hecho este último matiz, solicita a los distintos ministerios que remitan sus propuestas de nuevas medidas para incluir en los componentes del Plan de Recuperación.
Calviño ya dispone de toda la información remitida por los ministerios y su equipo está trabajando a marchas forzadas para incorporar las nuevas reformas e inversiones a los componentes del Plan de Recuperación. El plazo para enviar las propuestas finalizó hace ahora justo dos semanas y el Ministerio de Asuntos Económicos ya dispone de los 30 componentes ampliados con las medidas a financiar con cargo a los préstamos. En los últimos días los trabajos se han intensificado y la intención del Gobierno es elevar a Bruselas la propuesta cuanto antes. La guerra provocada por Vladimir Putin en suelo europeo ha tambaleado los cimientos de la recuperación de la economía española postpandemia y urge captar más dinero de Europa. El plazo para solicitar tanto el segundo tramo de transferencias (los 12.000 millones de euros que dependen de las reformas laboral y de pensiones) como los préstamos reembolsables concluye el 30 de junio, pero la intención es activar la petición cuanto antes.
Un desafío mayúsculo
Según ha adelantado la vicepresidenta Calviño, España ya ha cumplido con la mayoría de los 40 hitos y objetivos fijados -30 de reformas y 10 de inversión- para solicitar el segundo pago de fondos no reembolsables. Los 12.000 millones suponen el tramo más voluminoso y se sumaría a los 10.000 millones de euros recibidos a finales de 2021 y a los primeros 9.000 millones que se entregaron en concepto de prefinanciación. A esto se añadirían los 84.000 millones de euros en créditos que España tendrá que devolver. Según el reglamento, la Comisión Europea tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 para conceder al Estado miembro que lo solicite un préstamo para la ejecución de sus planes de recuperación. El desafío no es menor, pues a la escasa ejecución de los fondos se sumaría la incorporación de los créditos y el reto de que penetren adecuadamente en el tejido productivo es mayúsculo.
Precisamente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acaba de recortar las previsiones de crecimiento para este año, por un lado, por la inevitable pérdida de poder adquisitivo provocada por la escalada de la inflación y, por otro, por el escaso impacto de los fondos europeos. El organismo que preside Cristina Herrera se muestra muy crítico con la gestión del Gobierno en este ámbito, tanto por el escaso nivel de ejecución del Plan como por la falta de efectividad a la hora de impulsar el crecimiento económico. En sus proyecciones recién revisadas estima que en el año 2021 la ejecución apenas aportó 0,1 puntos al crecimiento y para 2022 rebaja de 1,2 puntos a 0,9 puntos el efecto multiplicador fiscal sobre el PIB debido al impacto negativo del entorno macroeconómico sobre las inversiones.
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