La negociación del plan de choque contra el impacto económico de la guerra de Ucrania no ha terminado ni siquiera en el seno del Gobierno. Fuentes cercanas a Moncloa apuntan que todavía "no hay acuerdo" entre el PSOE y Unidas Podemos sobre las medidas que se podrían poner en marcha para que los consumidores no sufran los precios en máximos históricos de los carburantes, la luz o el gas. Si bien la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sean las eléctricas las que costeen las políticas que se pongan en marcha, desde el ala socialista insisten en esperar a la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana para precisar las medidas.
Fuentes del ministerio de Asuntos Económicos explican que el Gobierno está "en un proceso de escucha" que empezó esta semana con reuniones con los distintos grupos políticos y que continuará el lunes cuando miembros del Ejecutivo se reúnan con los sindicatos y con las comunidades autónomas. En este sentido, Moncloa quiere allanar el camino de la tramitación parlamentaria que tendrá que transitar el real decreto de medidas que apruebe el Consejo de Ministros y, por eso, se ha sentado con el Partido Popular (PP), Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin embargo, la oposición ha criticado la poca concreción del plan y acusa a Sánchez de "querer la foto" con los demás partidos, sin tener "un acuerdo".
Si el Gobierno espera a las decisiones que se tomen en Bruselas, el tiempo para ese acuerdo es muy ajustado. El Consejo Europeo se reunirá los días 24 y 25 de marzo y podría alargarse hasta el sábado. Sánchez se ha comprometido a aprobar medidas en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, por lo que si el cónclave de líderes europeos se prorroga hasta el día 26, el Ejecutivo solo dispondría de dos días para pactar un plan económico con la oposición y con los socios de coalición. Este viernes, Sánchez defendió que la crisis energética no puede a abordarse de 27 maneras distintas, sino de forma conjunta por toda la Unión Europea porque todos los países están afectados.
Moncloa se ha comprometido a bajar el precio del gas, de la electricidad y de la gasolina, pero no ha explicado cómo va a hacerlo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se abrió el pasado lunes a revisar la fiscalidad de los carburantes, pero solo 48 horas después se preguntaba: "¿De qué sirve bajar la fiscalidad si el mercado sigue con su ritmo?". El Gobierno habría planteado ayudas directas a colectivos vulnerables y a sectores económicos especialmente afectados por el conflicto, pero según las fuentes consultadas, no se ha hablado de cuantías, ni de requisitos. Sobre los impuestos, fuentes cercanas a Unidas Podemos critican que ni siquiera ministros del PSOE tienen la misma opinión.
Junto a la propuesta de Díaz, de crear un impuesto extraordinario para gravar los beneficios de las eléctricas y hacer así que "contribuyan" a los costes sociales derivados de la crisis de precios, desde Unidas Podemos también han propuesto un cheque de 300 euros para los 19 millones de clientes del mercado regulado de la luz. La medida tendría un coste de 5.700 millones de euros, un coste "perfectamente viable", según la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
Inflación al alza
Mientras patronal y sindicatos negocian un pacto de rentas que evite la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno espera convencer al resto de países europeos de desacoplar el gas de la electricidad en el mercado mayorista. De esta forma, los incrementos de precio del gas, uno de los tesoros energéticos de Rusia, no se trasladaría de forma directa al resto de energías, como pasa en la actualidad. El Ejecutivo está convencido de que más allá del problema coyuntural que supone la inflación, el mercado energético europeo necesita un cambio estructural. Sin embargo, sectores como el transporte, con una huelga que ya está causando algunos problemas de abastecimiento, o la industria demandan mayor urgencia en la puesta en marcha del plan económico.
La invasión de Ucrania amenaza con que la inflación siga al alza durante meses y, según los economistas, podría llegar al 10% en España. Los últimos datos, del mes de febrero, reflejaron una tasa del índice de precios al consumo (IPC) del 7,6%. En el último año, los productos energéticos se han encarecido un 44,3% y los carburantes y combustibles lo han hecho un 26,9%. La próxima semana será clave para vislumbrar soluciones al problema de los precios de la energía.
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