La fecha del debate de investidura de Pedro Sánchez, en el que el candidato socialista logrará previsiblemente la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara el jueves en la primera votación, forzará una prórroga 'mínima' de los Presupuestos Generales del Estado, la novena en democracia. En el Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde han venido trabajando en la elaboración de las cuentas públicas de 2024 desde las elecciones del pasado 23 de julio, ven muy improbable que el proyecto pueda llegar al Congreso de los Diputados antes de final de año, si bien trabajan para poder presentarlo y aprobarlo en Consejo de Ministros para que su trámite parlamentario pueda arrancar cuanto antes.
Las fuentes consultadas recuerdan que todavía hay que aprobar el techo de gasto, un trámite que de no haber estado el Gobierno en funciones por el adelanto electoral se habría producido a finales de julio, antes de convocar a los representantes autonómicos y a los de las entidades locales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para trasladarles sus respectivos objetivos. Así, si Sánchez forma Gobierno hacia el ecuador de la próxima semana -como en principio está previsto- la fecha cada vez más probable para que los nuevos presupuestos puedan echar a andar sería el próximo mes de marzo.
El hecho de que Bruselas haya mantenido suspendidas las reglas fiscales a nivel europeo para dar a los estados margen de maniobra con el que combatir los efectos de la pandemia de Covid, primero, y de las crisis inflacionaria, energética y la guerra en Ucrania, después, ha permitido al Ejecutivo aprobar un límite de gasto no financiero récord entre los ejercicios 2021 y 2023. En los tres lo situó muy cerca de los 200.000 millones de euros para combatir, precisamente, el impacto de estos choques en la economía nacional.
A partir del 1 de enero la Comisión Europea desactiva la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento después de cuatro años, obligando a los socios a volver a ajustarse el cinturón para ceñirse a unos objetivos de déficit y deuda que, a falta de nuevas reglas fiscales, se mantienen en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente. En el Plan Presupuestario remitido a Bruselas, que no incorpora cambios en la política económica por la situación de interinidad del Gobierno, el Ejecutivo coincide con organismos nacionales e internacionales en que ese ajuste deberá llevarlo a cabo en pleno enfriamiento de la actividad por la recesión en la Eurozona y por la presión que ejercerán los tipos de interés -que se mantendrán altos todavía por un tiempo para doblegar la inflación-.
Ingresos 'extra' y el margen para mantener medidas anticrisis
Así, el nuevo cuadro macroeconómico contempla que el PIB avance un 2%, cuatro décimas menos de lo previsto inicialmente. Este año el desequilibrio de las cuentas públicas se reduciría hasta el 3,9% (desde el 4,8% registrado el pasado ejercicio) y la deuda caerá por debajo del 110%, mientras que de cara al próximo ejercicio el déficit se situará en el 3%, cumpliendo la meta impuesta por Bruselas. Antes de final de año el nuevo Gobierno deberá decidir sobre la prórroga de las medidas anticrisis, una decisión que el 'número dos' de Hacienda, Jesús Gascón, sitúa ya en diciembre.
Pese a que organismos como la Autoridad Fiscal han venido advirtiendo de que cumplir los objetivos fiscales si se amplía ese 'escudo social', en el Gobierno en funciones calculan que la buena marcha de la recaudación tributaria dará margen para plantearse si se amplían o no algunas de esas medida (las rebajas de IVA a la energía o los alimentos o la bonificación del transporte público, entre otras). Está previsto que los ingresos vía impuestos aumenten más del 5% hasta octubre en términos interanuales, frente al 4,5% al que lo hicieron hasta septiembre, cuando se recabaron 190.064 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.
Montero y el encaje del puzle fiscal tras los pactos de investidura
La ministra de Hacienda, un cargo en el que todo apunta a que repetirá María Jesús Montero, afronta una tarea tan o más compleja que los próximos presupuestos a la hora de tratar de encajar el puzle de medidas fiscales que surgen de los distintos pactos firmados por su partido. Esto es, del que los socialistas han sellado con Sumar para formar un nuevo Gobierno de coalición (con el tipo mínimo del 15% en Sociedades que gravará el resultado contable de las grandes empresas o el refuerzo de los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas), y del acuerdo de investidura con los nacionalistas catalanes y vascos.
Su puesta en marcha implicará necesariamente abrir la caja de Pandora de la financiación autonómica, cuyo modelo caducó hace casi una década y ningún Ejecutivo desde entonces se ha atrevido a tocar. Más aún después de que el PSOE se comprometiese con ERC a aplicar una quita a la parte de la deuda autonómica que responde al ciclo económico. Esos 15.000 millones de deuda que le serán condonados a Cataluña suponen el 20% de lo que la autonomía adeuda al Estado a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.
La medida será extensible al resto de comunidades de régimen común que quieran acogerse a ella, como ha recordado este martes la propia Montero. "El propio acuerdo con ERC establece que se aplicará el mismo criterio al conjunto de comunidades autónomas", ha asegurado en una entrevista en 'La Hora de la 1', de TVE, recogida por Europa Press.
