No es oro todo lo que reluce en el 'sobresaliente' que ha puesto Bruselas al Plan de Recuperación español. Entre los cientos de páginas que han redactado los técnicos de la Comisión Europea aparecen algunos farolillos rojos, en particular, respecto a la reforma laboral. Y más en concreto, en relación a los cambios previstos en la negociación colectiva, a través de los cuales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende derogar de facto la reforma laboral del Partido Popular. Las autoridades europeas lanzan un claro aviso al Ejecutivo sobre esas intenciones: las modificaciones que se lleven a cabo no deben suponer un obstáculo para la adaptación de las empresas al ciclo económico y tienen que consensuarse en el diálogo social con la patronal y los sindicatos.
En el denominado 'componente 23' -así es como se refieren en el argot comunitario a la reforma laboral- el Gobierno ha incluido hasta 17 reformas, algunas de ellas ya aprobadas (como la del teletrabajo o la de los riders) otras encaminadas a reducir la temporalidad y a reforzar el sistema de protección por desempleo y una específica que ataca directamente a la línea de flotación de la reforma de 2012. Se trata de la dirigida a "modernizar" la negociación colectiva, que busca revertir la legislación del PP para recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad de los convenios colectivos y los mecanismos de consulta y negociación en los supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Para el Ministerio de Trabajo, modificar la arquitectura de la negociación colectiva resulta crucial para adaptarla a las nuevas necesidades de la economía y del empleo, reequilibrando la balanza de las relaciones laborales. Y Bruselas coincide en ese diagnóstico. Si bien pone coto a las intenciones de Yolanda Díaz, al menos, en dos aspectos: por un lado, le pide una evaluación ex-ante que identifique las deficiencias existentes en el sistema actual y, por otro, exige que los cambios que finalmente se lleven a cabo no den lugar a "obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad".
Pero no solo eso. La CE pide que la reforma, como todas las que se realicen en materia laboral, se lleve a cabo "con total respeto del diálogo social y siguiendo un enfoque integral que equilibre la necesidad de flexibilidad y la de seguridad en el mercado de trabajo, en apoyo de una recuperación generadora de empleo". Y aquí añade una nota a pie de página, a modo de recordatorio, que supone un espaldarazo directo a la legislación del PP: "El informe más reciente sobre España recordaba la necesidad de preservar los elementos de las reformas del mercado de trabajo introducidas en 2012-2013 que han desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014".
En uno de los documentos técnicos, la Comisión certifica que España no ha podido indicar cuáles serán las modificaciones que está previsto introducir en el sistema, para no prejuzgar el resultado del diálogo social, pero a pesar de eso demanda que la reforma planteada en el Plan de Recuperación vaya acompañada de un informe de evaluación ex-ante de las carencias de la legislación vigente en materia de convenios colectivos. Y añade que "se espera que, merced a su diseño, la reforma sustente la competitividad y la creación de empleo, principalmente al asegurar que las empresas puedan ajustarse rápidamente a la evolución de la economía y que los salarios respondan a las coyunturas que afecten a la productividad a medio plazo".
Bruselas hace hincapié en que varias de las reformas del mercado laboral que figuran en el Plan de Recuperación del Gobierno español siguen dependiendo de los resultados del proceso de diálogo social, por lo que aún no se ha perfilado su diseño definitivo. "Estas reformas deben formar parte de un paquete global que apoye la creación y la redistribución del empleo y aborde la segmentación del mercado laboral", insisten, para incidir en que "los hitos deben especificar que estas reformas han de llevarse a cabo respetando el diálogo social y en el contexto de un enfoque global que equilibre la necesidad de flexibilidad y seguridad en el mercado laboral". "Esto se aplica, en particular, al nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización (que sustituirá a los ERTE) y a la reforma de la negociación colectiva", remarcan.
Calendario ajustado
De acuerdo con el calendario pactado con Europa -de cuyo cumplimiento va a depender la llegada de los fondos- la reforma de la negociación colectiva deberá estar implementada, a más tardar, el día 31 de diciembre de 2021. Eso deja al Ministerio seis meses justos para negociar las medidas con la patronal y los sindicatos y llevarlas al Consejo de Ministros. Y medio año parece muy poco tiempo para alcanzar un acuerdo a tres bandas, dado que los empresarios se han situado en el 'no es no' a estos y otros planteamientos propuestos por Trabajo en la mesa de negociación, en especial los que tienen con la limitación de la contratación temporal.
El tiempo apremia y los equipos negociadores van a tener que hacer notables esfuerzos para acercar posturas, más ahora que Bruselas ha dejado cristalino que cualquier reforma que afecte al mercado laboral deberá ser consensuada con los agentes sociales. La patronal ha recibido con entusiasmo esa exigencia, porque interpretan que les da más margen para arrancar cesiones al Ministerio (y a los sindicatos) en la negociación. Los empresarios están inmersos ahora en la elaboración de su propia contrapropuesta -un documento de "oposición frontal" al de Trabajo- que incluso tienen la intención de elevar a las autoridades europeas para neutralizar los planes de Yolanda Díaz. Se avecinan meses de duras negociaciones y desencuentros.
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