La Comisión Europea (CE) considera que ya no hay motivo para extender las medidas extraordinarias que pusieron en marcha los distintos Estados miembro para intentar controlar los precios desorbitados de la electricidad. En un informe remitido al Parlamento Europeo y al Consejo en pleno debate sobre la reforma del mercado eléctrico, con fecha de este martes, advierte del impacto negativo que ha tenido en países como España el establecimiento de un tope ('cap') a los ingresos de las tecnologías inframarginales (renovables, hidráulica, nuclear…), pudiendo afectar a los acuerdos preexistentes de compraventa de energía, los conocidos como PPA, y poniendo en riesgo la viabilidad de aquellas instalaciones que aún no han amortizado sus costes de inversión.
En este sentido, señala en su análisis, al que ha tenido acceso La Información, que no se espera ya un nuevo despunte en los precios y que una posible prórroga de la medida obstaculizaría uno de los objetivos establecidos en su propuesta para la reforma del mercado mayorista eléctrico, como es incentivar los contratos a largo plazo con producción de energía renovable y aportar así al sistema más soluciones limpias y flexibles con el fin de competir con el gas, el causante (junto con el CO2) de los precios disparatados de la electricidad desde el verano de 2021. Bajo el sistema actual de fijación de precios en el mercado intradía, es la tecnología más cara, generalmente el gas, la que marca el precio del resto de formas de generación.
"La decisión de aplicar un límite máximo de ingresos puede haber afectado a los acuerdos de compra de electricidad (PPA) existentes y a otros contratos a largo plazo, así como desincentivado la celebración de otros nuevos. En particular, esto se observa cuando el tope no se aplica a los ingresos que un productor recibe del PPA, sino a los ingresos "supuestos" (ficticios) correspondientes, por ejemplo, a los precios mayoristas de la electricidad, lo que en última instancia conduce a situaciones paradójicas en las que el productor puede verse obligado a vender electricidad a pérdidas", subraya el texto.
Aplicación "muy heterogénea"
Por otra parte, indica que el tope se ha aplicado de manera "muy heterogénea" entre los distintos países, haciendo alusión tanto al límite económico como al marco temporal. Hasta 17 países han fijado el límite por debajo de los 180 euros por megavatio hora (MWh) que acordó el Consejo Europeo, mientras que siete Estados miembro lo aplican con carácter retroactivo y otros 11 lo tendrán vigor más allá de la fecha final final establecida en el Reglamento del Consejo para esta medida (entre ellos España). "Las diferentes formas en que los Estados miembro han aplicado el límite de ingresos han creado una incertidumbre normativa significativa que, a su vez, plantea riesgos para el desarrollo de nuevas inversiones, en particular de fuentes renovables, necesarias para alcanzar los objetivos (climáticos) de la UE", argumentan desde Bruselas.
Fue a finales de septiembre del año pasado cuando el Consejo adoptó dicha medida, de conformidad con el Reglamento (UE) 2022/1854, con el fin de hacer frente a los elevados precios de la luz y el gas en Europa con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania. Este tope a los beneficios de las inframarginales puede ser de aplicación hasta el 30 de junio de este año. En España la minoración a los beneficios caídos del cielo ('windfall profit', en inglés) se viene aplicando desde antes de que las tropas rusas atacaran al país ucraniano bajo el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, y estará en vigor hasta el 31 de diciembre, por lo que la iniciativa de Bruselas dejaría sin cobertura al Ministerio para la Transición Ecológica desde julio.
En concreto, el objetivo del Gobierno es que las compañías no vendan la electricidad producida mediante centrales inframarginales y no emisoras a los precios desorbitados del mercado mayorista. Están exentos de la minoración los contratos a plazo y precio fijo de antes del 16 de septiembre de 2021 y los nuevos que también mantengan un precio fijo, mientras que si tienen indexado el precio al mercado, se minora la parte proporcional. El Ejecutivo aplica así una minoración a todos los contratos bilaterales que tengan un precio de cobertura superior a los 67 euros/MWh. Los fondos recaudados se destinan a reducir los cargos del sistema eléctrico repercutidos sobre los consumidores. En el caso de los acuerdos intragrupo (entre una generadora y una comercializadora de una misma eléctrica) se tiene en cuenta el precio final comercializado.
De este modo, el mecanismo introdujo una nueva fuente de ingresos adicionales que repercuten de manera directa en los cargos del sistema eléctrico. En la liquidación 14 del sector eléctrico de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), correspondiente a todo 2022, se registran unos ingresos de 370,4 millones de euros por este concepto. El Gobierno calcula que en 2023 (si no se acaban retirando antes de que termine el ejercicio) se situarán en 330,1 millones de euros, es decir, un 12% menos.
Dificultades para aplicarlo
Según el informe de la Comisión, varios Estados miembro han informado de dificultades en la aplicación de la medida debido con la brevedad del plazo para su aplicación y a la dificultad para recopilar datos de los ingresos que obtiene cada generador que estaría sujeto. "También han informado de conflictos con las autoridades fiscales nacionales competentes y la normativa aplicable, a la hora de debatir la forma de aplicar el límite de ingresos", añade. Bajo este contexto, solo dos países han facilitado cifras de 'recaudación': Bulgaria ha comunicado que ha obtenido 163 millones de euros a diciembre de 2022 y Lituania declarado 10 millones de euros hasta el 9 de marzo de 2023. Grecia, España e Italia no han reportado cifras a Bruselas.
"En un principio, se esperaba que los ingresos superaran los 50.000 millones de euros en total. Sin embargo, en el momento de redactar el informe ya parecía improbable que esos supuestos se materializaran. El importe de los ingresos se distribuye de forma desigual entre los Estados miembro. Alemania fue la que ha comunicado las estimaciones más elevadas, ya que esperaba recaudar inicialmente 23. 400 millones de euros considerando una posible prórroga de la medida hasta el 30 de abril de 2024, seguida de Francia (11 000 millones de euros)", explica el informe.
Reforma del mercado en la UE
El límite a los ingresos de las tecnologías inframarginales es el eje central de la reforma del mercado eléctrico que se está debatiendo en la UE. Bajo un contexto de precios de la electricidad desorbitados, 'contaminados' por la cotización del gas en los mercados internacionales, las compañías energéticas se han beneficiado de unos mayores precios y por eso desde España apuestan por establecer 'cap' permanente con matices. Nicolás Gonzáles Casares, designado ponente oficial, propone fijarlo también en 180 euros/MWh y que entre en vigor solo cuando lo decida la Comisión y cuando se superen ciertos límites de precios y se den varios meses con un precio superior. Asimismo, el eurodiputado por el PSOE defiende que cada Estado miembro pueda imponer uno más bajo si lo considera necesario.
Por su parte, Pilar del Castillo, del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas inglés), aboga por un tope a nivel europeo sin dar libertad a que cada Estado miembro imponga el suyo. La exministra de Educación con José María Aznar y eurodiputada desde 2004, aboga también por que se establezca un 'suelo' que asegure los ingresos al generador. Fuentes políticas señalan que el PP a nivel nacional está "en contra de cualquier iniciativa que suene a intervencionismo". "Hay que dar seguridad a inversores y consumidores manteniendo la ortodoxia regulatoria y la salvaguarda del papel de los mercados", apuntan las fuentes consultadas.
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