La Comisión Europea ha dado un sonoro tirón de orejas al Gobierno por el retraso en la trasposición de diferentes normativas europeas. En concreto, ha abierto cuatro expedientes sancionadores por no adoptar la normativa comunitaria en materias tan diversas como el tipo mínimo del 15% a las multinacionales en el Impuesto de Sociedades, la 'Tarjeta Azul', el sistema de comerico de los derechos de emisión y la protección al consumidor en servicios financieros online.
Sobre el nuevo tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades, Bruselas ha recordado que los estados miembro tenían hasta el 31 de diciembre para notificar a las autoridades de Bruselas las medidas adoptadas para transponer la citada regulación. Un plazo que España no ha cumplido así como otros socios como Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Portugal. Con esta medida, en vigor desde el 1 de enero, se busca una mayor estabilidad y reducir el incentivo para que las empresas transfieran sus ganancias a jurisdicciones con bajos impuestos.
Bruselas también ha sancionado a España por no traducir la normativa europea sobre el sistema de comercio de derechos de emisión. Los estados miembro tenía la obligación de adoptar esta legislación antes de final de año, que España incumplió al igual que otros 25 países dcomunitarios. La nueva normativa amplía el sistema de comercio de derechos de emisión al transporte marítimo e implementa el precio del carbono en nuevos sectores de la economía mediante el establecimiento de un nuevo sistema de comercio de emisiones separado para edificios, transporte por carretera y combustibles utilizados en pequeñas industrias emisoras.
La autoridades europeas también han abierto otro expediente sancionador por no transponer la directiva ssobre la contratación de servicios financieros 'online' que refuerza la transparencia contractual y la protección de los consumidores. Esta vez el plazo terminaba antes del 29 de diciembre y, en este caso, junto a España no han dado paso sen esta línea otros países como Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. La directiva sobre préstamos dudosos establece un conjunto de salvaguardias para reforzar la protección de los consumidores como la obligación para los operadores de incluir un botón de desistimiento cuando la venta se efectúe por medios electrónicos.
A vueltas con la 'Tarjeta azul'
Sobre la no introducición de la 'Tarjeta Azul' que agiliza los trámites de entrada y residencia de los migrantes de alta cualificación, la Comisión Europea justifica su experdiente en que el periodo para la transposición de la norma expiró en noviembre del pasado año.
Este nuevo sistema, acordado en el seno de la Unión Europea en 2021, flexibiliza las condiciones para la contratación de personal extracomunitario altamente cualificado y simplifica los procedimientos de contratación en terceros países. Basta, por ejemplo, con que el migrante tenga un contrato o una oferta de empleo para un periodo de seis meses para que pueda solicitar la 'Tarjeta Azul' y se rebaja el mínimo salarial que deberá cobrar al equivalente del salario medio bruto del país en el que trabajará.
El Ejecutivo comunitario ha constatado que España no ha notificado en el plazo fijado -18 de noviembre de 2023 el modo en que la nueva norma ha sido trasladada a su legislación nacional, por lo que ha decido iniciar un procedimiento de infracción. En concreto, Bruselas ha materializado su aviso tiene en forma de una carta de emplazamiento remitida a las autoridades españolas, a las que Bruselas da un plazo de dos meses para que resuelva los problemas detectados.
Si pasado ese nuevo plazo los servicios comunitarios no dan por buena la respuesta española, podrán pasar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado, que da un tiempo más de diálogo antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
