Bomberos advierten que liberalizar las torres de control merma la seguridad aérea

Los bomberos aeroportuarios cuestionan la liberalización de torres de control lanzada por el Gobierno y que cuenta con el beneplácito del gestor semipúblico Aena y de las aerolíneas. Es precisamente esta privatización de la entidad la que ha mermado, a su juicio, las condiciones laborales de estos empleados que, por normativa internacional, deben estar presentes en las instalaciones siempre que estén abiertas. "Donde éramos ocho o nueve para cubrir un aeropuerto, ahora somos seis o siete, el mínimo de plantilla que fija la OASI. Hemos ido sucumbiendo a los ingresos bursátiles y nos han recortado dotaciones y parques móviles", denuncia Ruymán Capote, representante de la Coordinadora Unitaria de Bomberos. La entidad cuestiona la continua búsqueda del ahorro, algo que puede dar lugar a incidentes: "te expones a que pasen cosas". 

Alega que la privatización de Aena cambió sus condiciones laborales, al pasar de ser personal laboral público a ejercer de "bomberos de empresa", el equivalente a personal de autoprotección, algo que, a su parecer, compromete la seguridad aeroportuaria al regirse por otro tipo de competencias. Esto se salda en que, además de no formar parte del sistema de emergencias 112, tampoco están comunicados con las torres de rodadura, sido relegados a "esperar a que tenga lugar un accidente aéreo" y sin que puedan ejercer de forma completa las funciones del bombero. 

"Antes trabajábamos en zona aire, en pistas, rodaduras, parkings, terminales y hasta 8 kilómetros alrededor del aeropuerto. Ahora estamos abocados a quedarnos en el parque y no podemos atender una emergencia en las inmediaciones del aeropuerto. Lo que podríamos resolver en cinco minutos puede tardar media hora". La privatización de Aena modificó las reglas de las intervenciones de emergencias en aeropuertos, siendo los bomberos urbanos los encargados de la mayor parte de intervenciones pese a que estas instalaciones cuentan con cuerpos propios formados específicamente para ello. 

El portavoz cuestiona que "la seguridad de 345 millones de euros dependa de una cotización en bolsa" ya que la "optimización de recursos" y el ahorro que provocan la privatización de servicios como la torre de control se estaría ejecutando a costa de la seguridad de las instalaciones. "Un país en el pódium mundial del turismo no se puede permitir esa falta de seguridad en instalaciones de interés general", para lo cual propone mejorar las condiciones de trabajo de este cuerpo. Asegura, además, que esto repercutiría también en un mayor beneficio económico para Aena, ya que la atención de estas emergencias se cobra a las aseguradoras de las instalaciones (la del gestor, en este caso) o las empresas implicadas en los daños, por lo que una intervención temprana reduciría los costes. 

Bloqueo parlamentario de la Ley de Bomberos

La Coordinadora Unitaria de Bomberos ha denunciado hoy el bloqueo político de la Ley marco de Bomberos, una norma "básica" que regula la profesión y mejoraría la seguridad jurídica de profesionales y ciudadanos sin comprometer las competencias de municipios, autonomías o del Estado, según ha expuesto el presidente de la entidad, Israel Naveso. Lanzan sus críticas directamente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien acusa de bloquear la tramitación de la Ley en el Congreso para satisfacer los intereses de los socios nacionalistas del gobierno de coalición, apuntando directamente a ERC. 

"Hemos agotado la vía institucional, y se han agotado nuestra voluntad de diálogo y capacidad para alcanzar acuerdos", reclaman estos profesionales. Aseguran que el Gobierno está utilizando la norma como moneda de cambio con los partidos nacionalistas catalanes y vascos, quienes abogan por mantener su modelo propio de bomberos basado en la participación de voluntarios, mucho más vinculados con las identidades territoriales. 

A juicio de la Coordinadora, la existencia de este modelo es "más propio de países subdesarrollados" y amenaza la seguridad de los ciudadanos. "Nos resta competencias, nos impide trabajar seguros y nos cuesta vidas y cientos de millones de euros en incendios". Frente a la descoordinación "absoluta" que a día de hoy rige la operativa de los servicios de bomberos para atender situaciones de emergencia, en los límites de una comunidad autónoma, por ejemplo, la nueva norma prioriza el tiempo de respuesta como criterio prioritario para atender un incendio. 

La tramitación de la Ley está a la espera de que se active la ponencia de enmiendas presentadas por parte de los partidos políticos, después de que PP, Ciudadanos y Podemos presentaran sendos escritos para reactivar sus tiempos parlamentarios. La entidad, que agrupa los intereses de 21.000 bomberos en toda España, ha anunciado movilizaciones antes del verano si no se avanza en la tramitación "inmediata" de la Ley.