En la antesala del final del año y con la incertidumbre de cuánto subirán las pensiones en 2023, la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha movilizado este sábado a unas 500 personas en su tercera manifestación en Madrid, y ha anunciado una ofensiva de mociones en los Parlamentos autonómicos para que insten al Congreso a promover una reforma constitucional que prohíba su privatización o recorte.
Este movimiento, que apela como principal fortaleza a la "unidad" de las 491 organizaciones que la integran en torno al objetivo común de que las pensiones públicas sean reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental y que se prohíba expresamente su privatización y su pérdida de poder adquisitivo, cuenta hasta ahora con el apoyo de 62 ayuntamientos de distinto signo político y del Parlamento de Navarra y la Diputación de Castellón.
Promover la reforma constitucional
Un respaldo de instituciones que representan a más de diez millones de ciudadanos y que en 2023, año electoral, están convencidos de que ampliarán significativamente. "Vamos a contar con todos los Parlamentos autonómicos, porque son instituciones que tienen capacidad legal para promover la reforma constitucional. Ahí está la clave y creo que el año que viene va a ser muy bueno porque vamos a conseguir que muchos Parlamentos aprueben esta moción", ha explicado a Efe el coportavoz de la MERP Joanen Cunyant.
A punto de cumplir, el próximo abril, diez años de existencia, aseguran que han recogido 2,6 millones de firmas que apoyan su reivindicación y auguran que el año que viene "será un año importante para el blindaje constitucional". La también coportavoz Sara García ha explicado que han querido celebrar esta nueva movilización al finalizar 2022 para responder con un "clamor de unidad al momento de incertidumbre por una nueva reforma de las pensiones".
La manifestación ha transcurrido desde la plaza de Jacinto Benavente hasta la plaza del museo Reina Sofía, donde han intervenido cerca de una veintena de representantes de organizaciones como USO, Recortes Cero, Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Unión Democrática de Pensionistas, Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más, Pacma y federación Regional de Asociacions de Vecinos de Madrid (FRAVM).
El director de cine y guionista Joaquín Oristrell y la actriz Lincon León han leído su último manifiesto, en el que exigen incluir en la Carta Magna un artículo que prohíba expresamente que "cualquier gobierno pueda tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público pensiones".
Un artículo que recoja como obligación constitucional "el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas y, por tanto, la imposibilidad de que ningún tipo de medida o discriminación, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumentos de las tarifas de los servicios básicos, discapacidad o cualquier otra pueda afectar a las pensiones, excepto las que sean favorables para ellas".
La MERP, a la que también apoyan unos 300 representantes del mundo de la cultura y políticos, como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y el presidente de Más País, Íñigo Errejón, ha contado en su manifestación de hoy con la asistencia del diputado regional de ese partido Diego Figuera y de la concejala de Recupera Madrid Marta Higueras.
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