¿Cambiará la base reguladora de la pensión? Así es como se calcula ahora

A vueltas con el Pacto de Toledo. Hace ya un mes que el Congreso ratificó las nuevas recomendaciones de este sistema. Suponía así abrir la puerta a cuatro años de negociación que se habían repartido en nada menos que tres legislaturas. El contenido del mismo se antoja ahora harto necesario pues supone una guía de la futura reforma de pensiones, por la que tanto se ha abogado ante la insistencia de un plan que estaba dejando de ser sostenible. 

Sin embargo, las últimas noticias sobre lo que contiene el texto han hecho saltar las alarmas. Y es que, según publicamos este mismo martes en La Información, la propuesta "en borrador" del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, incluye ampliar a 35 años la base de cálculo para las pensiones. Un punto que no es baladí, pues supone dilapidar las recomendaciones del Pacto de Toledo, según señalan varias fuentes. Es más, las 21 recomendaciones aprobadas el pasado mes de noviembre  no marcaban grandes cambios en los parámetros básicos de cálculo y, de hecho, nunca se planteó la ampliación del periodo de cálculo, más allá de lo ya previsto en la reforma de 2011, según la cuál el cómputo pasará de 15 a 25 años en 2022. 

Cómo se calcula

Pero, ¿cuál es la normativa actual y que podría suponer este cambio? Vayamos por partes. Hoy por hoy, se establece que la base reguladora es el resultado de dividir las 276 bases de cotización (23 años) previas a la solicitud entre 322. No obstante, se trata de una norma transitoria, de manera que a partir de 2022 se tendrán en cuenta los últimos 25 años trabajados. En concreto, los trabajadores que se jubilen en dos años y en adelante, para calcular su base reguladora tendrán que dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años ) inmediatamente anteriores al del mes previo al del hecho causante.

En caso de contar con un periodo inferior al que señala la norma, el cálculo es el mismo pero intervendrán un menor número de bases y, como consecuencia el resultado será inferior. Así, para evitar un menor efecto, las bases de cotización -la remuneración mensual bruta que cada trabajador recibe tanto en metálico como en especie con carácter mensual- deberán ser más altas.

Porcentaje a aplicar sobre la base reguladora

El periodo de cotización es clave para la pensión de jubilación. Además de acreditar el derecho a solicitarla e influir en la base reguladora, a su vez determina el porcentaje de base reguladora que se percibirá. En concreto, la cuantía de la pensión se determina aplicando a esa base el porcentaje general que corresponda en función de los años cotizados. El porcentaje es variable en función de los años de cotización a la Seguridad Social, aplicándose una escala que comienza con el 50% a los 15 años, aumentando a partir del decimosexto año un 0,19% por cada mes adicional de cotización, entre los meses 1 y 248, y un 0,18% los que rebasen el mes 248, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100%. La totalidad de la base reguladora se podrá obtener a partir de 35 años cotizados.

¿Y si se amplia a 35 años? 

Volviendo a la reforma mencionada al principio de este texto que supondría ampliar a 35 años la base del cálculo para las pensiones, tanto en el PSOE como en la mesa del diálogo social, se han mostrado muy sorprendidos por la aparición de este punto en el borrador ahora. Sea como fuere, desde el entorno del Pacto de Toledo recuerdan que la opción de extender la base de cálculo a ese periodo de 35 años, incluso a toda la vida laboral, de forma progresiva, fue algo de lo que se habló en la primera legislatura de Mariano Rajoy, sin asegurar la viabilidad del sistema. 

Desde la Comisión del Pacto de Toledo aseguran que, según las recomendaciones aprobadas, el Gobierno no dispone de aval parlamentario para ir más allá del marco establecido por la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. La norma abre un resquicio a la utilización de un periodo de cálculo para determinar la pensión que vaya más allá de los 25 años, pero lo restringe a las situaciones en que los futuros pensionistas hayan sufrido lagunas de cotización que vayan a erosionar la cuantía de su pensión futura.

La ley, no obstante, insta al Gobierno a evaluar "el impacto que sobre el cálculo de las pensiones tendrán las nuevas reglas de integración de lagunas para que, en función de los resultados de dicha evaluación se lleven a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal evaluación haya evidenciado", lo que abre un resquicio para introducir ese periodo de cálculo de los 35 últimos años para atenuar el posible impacto de esas lagunas de cotización.