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Baleares exprime el IBI con un mercado de la vivienda en alta tensión por el turismo

El Archipiélago fue la autonomía con un precio medio de la vivienda más alto en 2022, al alcanzar los 346.499 euros, y la que aglutinó más compradores extranjeros -con mayor poder adquisitivo- sobre el total (34,4%).

Vistas al mar desde una villa en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).
Vistas al mar desde una villa en Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).
IDEALISTA / Europa Press

Baleares es la comunidad autónoma con un sistema fiscal más competitivo en el ámbito local gracias, sobre todo, a que sus municipios aplicaron el tipo más bajo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de toda España en el último año, del 0,45% de media, inferior al de las localidades madrileñas (0,48%) y cántabras (0,51%). La autonomía exprime este tributo con un mercado de la vivienda fuertemente golpeado por los alquileres turísticos y la escasez de oferta. De hecho hay quienes la sitúan como la región que, de acuerdo con los criterios que establece la nueva Ley de Vivienda, acumulará un mayor número de zonas tensionadas -aquellas en las que los precios de los alquileres están disparados-. 

Un informe publicado la pasada semana por el Instituto de Estudios Económicos, el 'think tank' de la patronal CEOE, sitúa a Baleares como la comunidad con la menor carga fiscal municipal -la más competitiva-, teniendo en cuenta los tipos que sus ciudades aplican los impuestos propios. Destaca, fundamentalmente, por el reducido IBI que se paga de media en las localidades analizadas, aunque también se toman en consideración el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía), así como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el tributo sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). 

En un contexto de fuerte recuperación del turismo, que marcó cifras récord en la región el pasado ejercicio, su economía se disparó un 14,2% en comparación con un 2021 lastrado aún por los efectos y restricciones relacionados con la pandemia de Covid (la española en conjunto avanzó un 5,5% por segundo ejercicio consecutivo). Los cálculos oficiales y los de algunos de los principales servicios de estudios del país sitúan a las islas como la autonomía más dinámica también este año (su Ejecutivo contempla que el PIB avance un 3,9%) de la mano de unos datos contundentes de creación de empleo y de un mayor gasto en consumo. Con todo, desde CaixaBank Research recuerdan que la recuperación ha sido parcial, de forma que la economía balear sigue siendo la más alejada aún de los niveles de 2019.

Esta recuperación sí es perceptible en el mercado de trabajo, uno de los que mejor se ha comportado de todo el territorio nacional en el último ejercicio. Las afiliaciones aumentaron el año pasado un 10,7% frente al 3,9% de media en España y el arranque de 2023 también ha sido muy positivo, apoyado en la reactivación del empleo en construcción y hostelería. Se trata, además, de la comunidad con menor proporción de parados de larga duración, en el entorno del 19,7% y la única donde esta variable es inferior al 20%, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo. A la vez y frente a un contexto en el que se pierden emprendedores en la mayor parte de territorios, las islas son, junto a Andalucía, Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana, la única región donde el número de autónomos aumentó en 2022. 

Compraventas y precios de la vivienda disparados

En medio de un entorno económico favorable, Baleares vio dispararse casi un 26% la compraventa de viviendas el año pasado, cuando se cerraron un total de 17.796 operaciones, en el segundo mejor ejercicio en términos históricos tras 2007 (antes justo de que estallase la burbuja del ladrillo), de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los recabados por el Colegio de Registradores revelan otra arista de esta realidad: el Archipiélago fue la comunidad autónoma con un precio medio de la vivienda más alto el año pasado, al alcanzar los 346.499 euros, y la que aglutinó más compradores extranjeros -cuyo poder adquisitivo es mayor- sobre el porcentaje total (34,4%). 

Dado que el precio medio de los inmuebles en venta se situó en diciembre en los 3.290 euros por metro cuadrado en las islas, sus ciudadanos son los que necesitan dedicar más años de trabajo al pago de la hipoteca (11,3 años de media), teniendo en cuenta que el salario bruto medio en la autonomía rondaba los 23.292 euros el año pasado (alrededor de 1.941 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas). Sin embargo, el mayor problema lo encuentran quienes necesitan ahora una vivienda o vayan a necesitarla en el corto y medio plazo, puesto que según la patronal de la construcción balear hay un déficit como mínimo de 20.000 viviendas tanto para comprar como para alquilar que, entre otras cosas, impide a los jóvenes acceder en condiciones dignas a este mercado. 

El Gobierno tripartito presidido por la socialista Francina Armengol (con Unidas Podemos y los socios nacionalistas de Més) ha reconocido abiertamente que la región tiene un "problema gravísimo" con la vivienda y ha dejado claro que se dispone a aplicar lo establecido en la nueva ley estatal, que considera una buena herramienta para potenciar el parque de inmuebles públicos y combatir de este modo la especulación. 

El veto a la compra por los no residentes

El Parlamento balear aprobó a finales de febrero una proposición en la que se instaba al Ejecutivo nacional y a Bruselas a que buscasen un encaje legal para tratar de establecer algún tipo de control a la compra de viviendas por parte de personas físicas o jurídicas no residentes. Esta iniciativa choca de lleno con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que impide restringir las operaciones comerciales entre los Veintisiete (la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales).

La propia Comisión desechó esta posibilidad a mediados de marzo, a través de la comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados, Mairead McGuiness, que en un escrito recordó cómo el artículo 63 de este Tratado prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE que no sean residentes. El Tribunal Superior de Justicia de la UE también se ha pronunciado en contra de iniciativas de este tipo en otras ocasiones.

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