Las ayudas directas para combatir la crisis diseñadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tenían como fecha de caducidad el 30 de junio, serán prorrogadas otros tres meses. Así, Sánchez confirmó hoy, por el miércoles, que se extenderá la vigencia del Real Decreto-ley 6/2022 del 29 de marzo, que recoge una serie de iniciativas urgentes contra las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, entre ellas las ayudas a la compra del combustible y la subida de un 15% del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sánchez hizo el anuncio durante una reunión con diputados y senadores del PSOE en el Congreso de los Diputados e instó al Partido Popular a que apoye esta ampliación cuando se vote en la Cámara Baja, después de que los populares votaran en contra cuando el plan llegó por primera vez al pleno.
"A ver si tenemos más suerte y los que dicen que aman a España que lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles", comentó el presidente ante los parlamentarios del PSOE. El importante anuncio tiene lugar a unos días del comienzo de la campaña electoral andaluza, que estará muy polarizada con seis partidos que, previsiblemente, tendrán representación parlamentaria, tres a la derecha y tres a la izquierda. El último CIS andaluz daba una ventaja de hasta 15 puntos al PP de Juanma Moreno frente al PSOE de Juan Espadas, aunque los 'populares' tendrían que contar con el apoyo de Vox.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, deslizó ayer -por el martes- que el Ejecutivo se planteaba extender las medidas del decreto anticrisis contra las consecuencias económicas de la guerra. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros señaló que tanto en la gestión de la pandemia como de las consecuencias de la guerra, el Gobierno se ha actuado con "absoluta determinación" y seguirán haciéndolo, al ser preguntada sobre si van a mantener ese paquete de medidas, que expira a finales de junio. Entre las medidas que recoge el real decreto está la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, el incremento del 15% del IMV o el aumento de los beneficiarios del bono eléctrico.
El plan de choque que costará 16.000 millones solo entre abril y junio, prevé también la prohibición de los despidos y la limitación del alza de los alquileres
El presupuesto del 'plan de choque' contra la crisis solo durante los tres primeros meses ronda los 16.000 millones de euros, con un impacto de 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y otros 10.000 millones en créditos ICO. El plan también prevé la limitación de las revisiones, previo acuerdo, de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% y la prohibición de los despidos en los sectores que reciban ayudas.
Mientras, el presidente ha puesto sobre la mesa la prórroga del plan, el 'ala morada' del Gobierno ha insistido en aumentar las ayudas a personas vulnerables e, incluso, extender el plan anticrisis hasta final de año. La ministra Ione Belarra planteó el pasado martes actualizar de acuerdo al IPC cerca de 450.000 pensiones no contributivas. Belarra incluso planteó la fecha de julio para poner en marcha esta medida excepcional y justificó su propuesta en la necesidad de que los pensionistas con menores prestaciones puedan hacer frente a los incrementos de precio que están sufriendo, sin tener que esperar a final de año ni ver como durante estos meses se produce una merma de su capacidad adquisitiva.
Además, el departamento de Derechos Sociales propuso crear un fondo de ayuda a municipios y comunidades autónomas para reducir el precio del transporte público en todo el territorio nacional. El transporte público se ha encarecido por el incremento de los precios de la energía, de forma que este fondo especial debería servir para rebajar los bonos. Los de Belarra proponen reducir el abono mensual hasta los 10 euros en todas las ciudades y autonomías.
La tercera propuesta de Derechos Sociales afecta al bono social. Proponen reformarlo, aprobando con urgencia su modificación con varios objetivos: ampliar su extensión para que llegue de una vez a los dos millones de familias que lo necesitan, agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, y regulando la aplicación del principio de precaución para que, ante una situación de impago, la empresa deba informar necesariamente de la situación de vulnerabilidad del cliente antes de emprender cualquier acción.
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