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Ayudas del Gobierno que están en peligro: de subir la pensión al transporte gratis

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afronta su primer gran examen de la legislatura al tener que sacar adelante tres decretos ley donde se encierran todas las medidas de ayuda a los ciudadanos contra la crisis.

A la espera de subida o no de precios
Ayudas del Gobierno que están en peligro: de subir la pensión al transporte gratis.
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El Gobierno de coalición, PSOE-Sumar, negocia 'in extremis' el apoyo de los independentistas catalanes de Junts que se vuelven a convertir en fundamentales para poder sacar adelante los primeros decretos del Ejecutivo de Pedro Sánchez que contemplan desde bajadas del IVA, bonificaciones al transporte y subida de las pensiones hasta la modernización de la Justicia y el alza del subsidio por desempleo.

Solo las rebajas fiscales contempladas en el nuevo decreto de ayudas anticrisis, como el IVA reducido en determinados alimentos o la factura de la luz y el gas supondrán una pérdida recaudatoria de 2.499 millones de euros si el Real Decreto-Ley sale adelante. Además de la prolongación de ayudas, los decretos también incluyen la extensión de los impuestos temporales a banca, energéticas y a las grandes fortunas.

¿Qué medidas anticrisis están en el aire?

El Congreso debate tres reales decretos leyes aprobados en diciembre: uno con el octavo paquete de medidas para combatir los efectos de la inflación, otro con la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus con las reformas pendientes comprometidas en el Plan de Recuperación. Estas son algunas de las medidas que incluye el paquete antiinflación:

  • Gratuidad del Cercanías y los trenes de media distancia.
  • Rebaja del 30% del transporte urbano e interurbano.
  • Aumento del umbral de renta para acceder a las medidas de alivio hipotecario.
  • Rebaja del IVA de la luz y el gas al 10 % (en este último caso, solo el primer trimestre).
  • IVA cero para los alimentos básicos.
  • Subida de las pensiones contributivas en un 3,8%. Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación, de 1.380 euros al mes, es de 734 euros al año, o 52 euros al mes.
  • Incremento de las pensiones mínimas y de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será mayor, del 6,9%.
  • Eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años.
  • Extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables.
  • Ampliación en un año del impuesto sobre las grandes fortunas y de los gravámenes sobre banca y energéticas.
  • Reforma del subsidio de desempleo, que se amplía a colectivos hasta ahora exentos, como los menores de 45 años sin cargas familiares, y se eleva de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes, compatibles con el trabajo durante los primeros 180 días.
  • Se permite a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia.
  • Se introduce la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.
  • Mayor protección a investigadores: posibilidad de la suscripción de un convenio especial.
  • Prórroga de jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera.
  • Prohibición de interrumpir por impago los suministros básicos de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerable.
  • Se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%.

Qué es el decreto ómnibus

El decreto ómnibus recoge las reformas pendientes para acceder al cuarto tramo de los fondos europeos, relativas a la justicia, el régimen local, el mecenazgo y, en materia económica, el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria electoral, lo que incluye la introducción de la evaluación del desempeño de los funcionarios.

¿Qué pasa si no se aprueban los decretos?

Todas estas medidas están ya en vigor porque se incluyen en reales decretos leyes publicados en el BOE, pero para seguir estándolo necesitan ser convalidados en el Congreso de los Diputados. De no ser así, los decretos y su contenido decaerá.

Esto implica que el Cercanías dejará de ser gratuito, el transporte urbano dejará de estar subvencionado y el IVA de la luz y el gas subirá al 21%; el de los alimentos básicos como el pan, al 4%, y el de pastas y aceites, al 10%.

Los bancos podrán volver a cobrar a los mayores por sacar dinero en ventanilla y quedará en suspenso la subida de las pensiones.

No habría un efecto inmediato para los perceptores del subsidio de desempleo, porque el grueso de la reforma no entra en vigor hasta junio.

Decaerían el impuesto sobre las grandes fortunas y los gravámenes sobre banca y energéticas, con la consiguiente pérdida de ingresos, lo que también supondría que la riqueza volvería a estar exenta de tributación en las comunidades que tienen bonificado el impuesto sobre el patrimonio.

Al retirar las reformas de la justicia, el subsidio por desempleo o la función pública se pondría en riesgo la recepción de 10.000 millones de fondos europeos que estaban ligados a estos hitos.

¿Por qué está en riesgo la convalidación de los decretos?

JxCAT se niega a apoyar los decretos al considerar que la reforma judicial pone en riesgo la aplicación de la amnistía y también Podemos pone en duda su apoyo a la reforma del subsidio de desempleo y el paquete antiinflación. Sin sus votos, el Gobierno no cuenta con mayoría suficiente para convalidar los decretos.

¿Y cómo afectaría a las cuentas públicas?

El coste del paquete antiinflación es de 5.350 millones, según el Gobierno, por lo que en principio su retirada es positiva para las cuentas públicas, aunque no se ha detallado el impacto de cada medida.

Los gravámenes sobre banca y energéticas y el impuesto sobre las grandes fortunas recaudaron en su primer año en vigor 3.528 millones de euros, que se perderían con su desaparición.

Pero al mismo tiempo se reduciría el gasto derivado de las ayudas al transporte (unos 1.360 millones, según el plan presupuestario) o las rebajas del IVA del gas, la luz y los alimentos (unos 4.500 millones en 2023, según la AIReF, aunque en 2024 la cantidad sería inferior porque se bonificaría en menor medida).

A esto habría que sumar la eventual pérdida de 10.000 millones de fondos europeos por no cumplir los hitos del Plan de Recuperación, aunque esto dependería de la evaluación de la Comisión Europea.

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