El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene previsto crear una pasarela para que los mutualistas dados de alta antes de 1996 y que actualmente se encuentren en una situación vulnerable puedan pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Estos trabajadores autónomos podrán llevar el capital acumulado a través de sus aportaciones a las mutualidades profesionales a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y 'canjearlos' por periodos cotizados con la base mínima, según ha anunciado esta tarde la socialista Elma Saiz al comparecer a petición propia en la Comisión de Seguridad Social en el Senado.
Con este paso, el Gobierno dará respuesta a la demanda de miles de abogados y procuradores que habían permanecido en el sistema complementario que habían llevado a cabo movilizaciones en los últimos meses. Hasta 1996, era obligatorio que todos los profesionales estuvieran adscritos a las mutuas y es a partir de esa fecha cuando se les dio la opción de pasar al RETA. No obstante, la mayoría de los autónomos de este ramo decidieron mantenerse en el sistema anterior, convencidos de que percibirían mayores pensiones a futuro, pero después el cambio del sistema de capitalización colectivo a uno individual ha llevado a que los profesionales se retiren con pensiones inferiores a los 500 euros y que no se revalorizan con el IPC.
"Para hacer esto posible realizaremos un cambio legislativo de la Ley General de la Seguridad Social y un posterior desarrollo reglamentario que regule condiciones y procedimiento" ha explicado la ministra de Seguridad Social. La regulación actual permitía que los profesionales pasasen de la mutua al sistema público del RETA, pero tenían que comenzar a cotizar 'de cero' por lo que se veían obligados a retrasar su acceso a la jubilación para llegar a una cuantía mínima. Si bien los dos sistemas eran compatibles desde 2004 gracias a una sentencia del Tribual Supremo, ya que con anterioridad los profesionales estaban obligados a renunciar a ese capital -que solo se podía recuperar a la hora de jubilarse-.
El sistema de protección de los trabajadores autónomos experimentó una intensa reforma en el año 2022 a través de un acuerdo suscrito por los agentes sociales con el entonces responsable de la cartera, José Luis Escrivá, que tuvo como resultado que a partir de enero de 2024 todos los trabajadores por cuenta propia están obligados a cotizar en función de sus ingresos reales (o la previsión de estos). Este sistema hace que los autónomos tengan cubiertas la jubilación, la incapacidad temporal y otras prestaciones sociales que el caso de estar integrados en las mutuas deben asumir 'de su bolsillo'. El RETA crea derecho a una pensión contributiva que es muy inferior de media a las del régimen general de los trabajadores por cuenta ajena.
Saiz también ha planteado otras modificaciones de la citada norma, como un cambio de la disposición adicional 18ª por la que buscan que todos los colegiados estén obligados a darse de alta en el RETA a partir de 2027, lo que de facto supone eliminar la posibilidad de elegir la cobertura alternativa de la mutualidad en su lugar. Si bien los profesionales que ya estén dentro del sistema de las mutualidades podrán seguir en él, según ha adelantado la ministra de Seguridad Social, quien no ha mencionado plazos concretos para llevar adelante estos compromisos. La cartera también ha puesto en marcha una mesa en la que están representados la patronal y los sindicatos en la que quieren evaluar la prestación por cese de actividad, el "paro" para los autónomos que tiene unas importantes barreras de acceso a día de hoy.
Varias de las asociaciones de autónomos más representativas como ATA -integrada en CEOE- y UATAE -vinculada a CCOO- demandaron que también se les reconociera una especie de subsidio por desempleo, es decir, una ayuda asistencial a la que pasar una vez agotada la prestación de carácter contributivo como ocurre en el caso del resto de trabajadores. El borrador de la reforma comprometida con Bruselas sigue siendo objeto de intercambios entre los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, pero no parece que esta petición vaya a ser incluida finalmente en el texto, ya que no se ha llegado a analizar por entender que pertenece al ámbito de Seguridad Social.
