Argentina ha intentado retrasar la presentación de la garantía, con el objetivo de evitar embargos, de indemnización de 14.000 millones de euros, tras la condena del tribunal de Estados Unidos el año pasado por la expropiación de la petrolera YPF a Repsol en 2012. La jueza Loretta Preska de Nueva York dictó sentencia en septiembre de 2023 a favor del fondo buitre Burford Capital, después de ocho años de litigio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, obligando a Buenos Aires a pagar 16.000 millones de dólares.
Preska acepto retrasar la ejecución de la sentencia indemnizatoria en noviembre para darle margen a Argentina a apelar el fallo, aunque exigió que, como condición, se depositara una garantía, cuyo plazo vence este 10 de enero y que, de no cumplir, dará paso a embargos de activos argentinos. Los abogados del Estado ya intentaron solicitar una prórroga del depósito de la garantía a finales de diciembre, aunque no tuvieron éxito. El pasado lunes ofrecieron nuevos argumentos en otra moción en la que anticipan que Argentina no cumplirá su obligación a tiempo.
Los expertos argentinos alegaron ante la jueza Preska que Burford Capital "no ha identificado ningún activo de Argentina en Estados Unidos" que pueda embargar de cara al potencial incumplimiento del 10 de enero, y reivindica que el fondo debería "renovar su moción" con una nueva fecha de aplicación en función del hallazgo de esos activos.
Defensa del fondo
La defensa de Burford ya indicó en otra carta para Preska este 2 de enero que "pese a las optimistas declaraciones de bienvenida del nuevo presidente de Argentina (Javier Milei), los abogados de Argentina han dejado claro que la República no cooperará ni en las cosas básicas" en el caso YPF.
Según denunciaron, Argentina ha reconocido su "incapacidad legal y práctica para empeñar los activos requeridos" en la garantía, y "ha dejado claro que no cumplirá con las condiciones del tribunal para otorgarle una suspensión (de la sentencia) mientras hace una apelación".
Los abogados de Burford también hicieron referencia al potencial "proceso arduo y agotador" de cobrar la indemnización embargando activos argentinos si el Estado no depositaba su garantía a tiempo.
Argentina tiene de plazo hasta el 30 de enero para apelar la sentencia, según dictaminó Preska.
Claves de la expropiación
En 2012, Argentina compró el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol sin hacer una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, que aseguraron haber sido perjudicados. El juicio por la estatización de YPF comenzó en 2015 tras la quiebra del Grupo Petersen, que era inversor en la petrolera.
El recorrido de Burford Capital
Burford Capital, un fondo especializado en este tipo de litigios, compró en España las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos compañías creadas por los dueños de aquel holding, para poder presentar la demanda en Nueva York.
