El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue una de las medidas estrella del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la pasada legislatura, un modelo del que su titular -ahora en funciones- hace un balance positivo tres años después de su implementación, pese a las lagunas de cobertura reseñadas por la AIReF. José Luis Escrivá defiende que esta es una herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y por ello, ha situado el debate de las rentas mínimas entre los ejes clave de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, al hilo de la recomendación emitida por el Consejo Europeo en enero, y ha centrado la conferencia de Aranjuez.
Los sistemas de protección social de los 27 presentan sendas diferencias, por lo que no todos los países cuentan con una ayuda a imagen del IMV español. No obstante, algunos países defienden que se deben establecer unos mínimos comunes, entre los que destaca Alemania, e incluso abogan por desarrollar una directiva de rentas mínimas. Así lo ha defendido el secretario de Estado Permanente de Trabajo y Asuntos Sociales, Rolf Schmachtenberg, en una mesa compartida con Escrivá que ha abogado por que una vez se conozcan los detalles de los diseños nacionales, cómo se ha medido su impacto y su alcance, "el siguiente paso es una directiva de ingresos mínimos que dije estándares mínimos", los cuales asegura que son necesarios para que los diferentes estados converjan en su política social.
El representante del Gobierno tripartito encabezado por Olaf Scholz ha subrayado que esta falta de convergencia entre las políticas aplicadas por los diferentes estados miembros es uno de los principales problemas que debe abordar Europa en el plano social. Para Schmachtenberg, es fundamental que la Unión Europea recupere una línea común en esta materia para evitar los problemas que generaría tener dos niveles de protección. El responsable alemán de Trabajo advierte de que podría alterar los flujos migratorios, de manera que estos se podrían concentrar allí donde el sistema de protección social sea más fuerte, algo que valora que no es deseable dado que todos los países del continente tienen una demografía similar -esto es, envejecida- y por tanto, tendrán necesidades de migración equivalentes para cubrir las demandas de sus mercados laborales.
El grupo de trabajo informal impulsado por España y Bélgica, que ostentará la presidencia rotatoria a partir de enero, lleva meses trabajando sobre las rentas mínimas en el marco de las inversiones públicas que quieren proteger frente a las nuevas reglas fiscales. Sin embargo, fuentes próximas a los negociadores apuntan a que la directiva de rentas mínimas no está por el momento sobre la mesa, sino que responde a una postura individual del representante alemán. En contra, el grupo del que ya forman parte más de una veintena de países centra sus esfuerzos en recopilar evidencia científica sobre los retornos que tienen las diferentes políticas sociales con el objetivo de acordar cuáles pueden ser calificadas como inversiones y no como gasto.
Si bien, el desarrollo de una directiva europea no significaría necesariamente que se estableciese una ayuda determinada para toda Europa con un importe prefijado que recibirían todos los beneficiarios, con independencia de si residen en España o en Polonia. Esto carecería de sentido dadas las diferencias de poder adquisitivo entre países miembro, aunque sí podría fijarse un porcentaje mínimo del salario medio, como ya hace la recomendación del Comité de Derechos Sociales. La directiva de salarios mínimos aprobada en 2022 prueba que el desarrollo de una normativa común no implica homologar las referencias de los 27, dado que en esa ocasión se optó por respetar las tradiciones de cada país e incidir en la forma de decidir el salario mínimo legal, fomentar la negociación colectiva y extender la protección.
Rentas mínimas en Europa
Alemania cuenta con la 'Renta Básica de los Ciudadanos' (Bürgergeld) desde hace poco más de un año que sustituyó a la 'Prestación de Renta Básica' (Grundsicherung), según explica la página oficial del Gobierno federal. La ayuda puede ser solicitada de forma individual -a diferencia del IMV español- y tiene una cuantía comprendida entre los 502 euros y los 318 euros, en función de la edad y la situación del solicitante. Además, la política está diseñada para fomentar que los beneficiarios busquen un empleo de forma activa por lo que concede un "periodo de gracia" de dos años en los que la prestación cubre sus gastos de vivienda y calefacción. Asimismo, permite conservar el 30% de la prestación en el caso de que consigan ingresos inferiores a 1.000 euros, tal y como informa la Agencia Federal del Empleo -homóloga del SEPE-.
Este es uno de los modelos que el Ministerio de Inclusión revisó en 2020 a la hora de desarrollar el IMV, junto a los puestos en marcha por Reino Unido, Francia, Italia o Bélgica. No obstante, el diseño de cada uno de ellos es diferente en función de los objetivos que persigue más allá de la reducción de la pobreza. La Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) los dividió en seis tipos, según el grado de descentralización de la gestión, la cobertura de cuestiones específicas, el conjunto de la protección social que ofrece el país o las condiciones exigidas a los potenciales beneficiarios para acceder a la prestación.
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