La AIReF pide más autonomía para poder entrar a evaluar la Sanidad o la Educación

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha reclamado más autonomía para que el organismo pueda decidir qué tipo de políticas evalúa y cuál es el alcance de sus estudios, y que estas no dependan únicamente de los encargos de la Administración, algo que, según ha dicho, no termina de gustar a los organismos internacionales. Herrero ha apuntado, entre otras, a las políticas de Sanidad y a la Educación como dos de los ámbitos donde su fiscalización sería más necesaria, dado que se ha demostrado que los problemas en la Atención Primaria son recurrentes y existen en todas las autonomías, como también lo son los de gestión de recursos humanos, los de plantilla o la formación continua de los profesionales...

"La Educación es la gran olvidada del Spending Review", ha lamentado Cristina Herrero, algo inconcebible en un país con serios problemas de productividad. Desde su punto de vista, el organismo debería entrar a evaluar también las políticas de empleo y el impacto de la reforma laboral en términos estructurales. Otros ámbitos sobre los que el organismo tendría que poner su lupa serían, a su juicio, la Dependencia, por la presión del envejecimiento en términos de sostenibilidad, o la Formación Profesional. Para contar con esta mayor autonomía Herrero ve necesario modificar la Ley Orgánica que regula la institución para consolidar su actividad reguladora, que no ha hecho sino aumentar, y para asegurar una financiación estable o recursos suficientes.

Preguntada sobre si la AIReF debería incluir en su evaluación continua las reformas clave que España ha ido aprobando en los ámbitos citados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -y que están ligadas a la recepción de los 163.000 euros a los que España opta entre transferencias directas y préstamos de los fondos europeos- Herrero considera que habría que delimitar muy bien los ámbitos sobre los que tendría que centrar su trabajo para que su revisión no resulte demasiado general y su diagnóstico sea realmente útil. 

Primeros contactos para evaluar el plan presupuestario

Sobre la adenda al citado plan -que ha recibido esta misma semana el visto bueno de Bruselas- la presidenta del organismo considera que es pronto para poder evaluarla, dado que desconocen la información en detalle del texto. Con todo, sí que ha apuntado a que en reuniones con las autonomías se ha detectado que, si bien no se va tan mal en el grado de ejecución del programa -sin perjuicio de que algunas inversiones tengan demora en el tiempo- sí que existen dudas sobre "el efecto transformador" que vaya a tener.

Por otra parte, Herrero ha recordado que el organismo tendrá que dar el visto bueno al cuadro macroeconómico en el que se sustente el plan presupuestario que el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea antes del próximo 15 de octubre, por lo que ya ha iniciado los contactos al respecto con el Gobierno en funciones. La situación de interinidad del Ejecutivo y la ausencia aún de un proyecto de cuentas públicas ha obligado a la autoridad a tener que avalar los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas, puesto que estas no han podido contar con la referencia de las estimaciones macroeconómicas del Gobierno.

Retraso en la política de gestión de residuos y tasa a la generación

La Autoridad Fiscal ha presentado este miércoles el resultado de la tercera y última fase del Spending Review 2018-2021, el mecanismo a través del cual se vertebran los estudios que le encarga la Administración Central, que tenía que evaluar en concreto la gestión de los residuos municipales y los instrumentos financieros públicos para el apoyo a sectores productivos de la economía, políticas con un volumen de gasto asignado de 18.000 millones de euros. 

Sobre la primera de las dos, el organismo fiscalizador advierte de que España muestra un retraso en relación a otros países de su entorno en las políticas de residuos, ha incumplido los objetivos europeos marcados para 2020 en materia de preparación para reutilización y reciclaje y está lejos de alcanzar los de 2025, por lo que ya ha recibido una alerta temprana de Bruselas en 2023. 

La Comisión Europea estableció la meta de que en 2020 un 50% de los residuos que se generasen estuviesen preparados para la recuperación o el reciclaje y España sólo alcanzó el 40,5%. En este ámbito, además, la AIReF echa en falta información de calidad sobre los instrumentos existentes para la gestión de residuos a nivel municipal y recomienda fijar instrumentos como una tasa a la generación -que debería acompañarse de bonificaciones que incentiven las conductas favorables-, la recogida puerta a puerta o los sistemas de depósito, devolución y retorno, que ya funcionan con buenos resultados en otros países europeos. 

Dudas por la intermediación de la banca en los créditos ICO

Pone como ejemplo el caso de Cataluña, donde el sistema de recogida puerta a puerta redujo un 20% la generación de residuos per cápita que se mantuvo transcurridos cuatro años desde su implantación en el territorio. En lo que tiene que ver con los instrumentos financieros, la autoridad fiscal ha analizado aquellos que actúan como mecanismo contracíclico en momentos en los que hay restricciones de crédito en los mercados y que, al mismo tiempo, resuelven fallos de mercado de naturaleza estructural. 

El organismo lanza varias propuestas para mejorar su organización y planificación, como crear un repositorio común de información (dado que a veces las empresas tienen que enviar la misma información financiera a distintos agentes) o establecer un portal que aglutine el conjunto de la oferta de estos instrumentos, puesto que en el sector privado existe un desconocimiento sobre cuántos hay. 

En el caso de los que se destinan a la internacionalización de las empresas, la AIReF detecta una falta de objetivos de ejecución claros y medibles, de mecanismos de control y, en ocasiones, un diseño incorrecto que limita el volumen de las operaciones. En el caso concreto del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el sistema de intermediación bancaria puede limitar a su juicio el uso de los fondos públicos en momentos de crisis o a la hora de impulsar determinadas líneas. El motivo es que la decisión última sobre la concesión o no del crédito a las empresas que lo solicitan reside en la propia banca.