Aluvión de denuncias por el cártel de coches: "Fue una tomadura de pelo"

Martín Fernández es uno de los miles de afectados por el 'cártel de los coches'. Este asturiano accedió a la compra de su vehículo el año 2008, concretamente a un modelo de la firma francesa Peugeot 207. El precio que desembolsó para su adquisición fueron 14.000 euros. Por aquel entonces, según explica a La Información, no sabía que este contenía un precio inflado y pactado por las propias marcas y concesionarios. A través de los medios de comunicación se percató de que su vehículo se encontraba en la larga lista de firmas afectadas.  

Fernández asegura que le llegaron a inflar el precio entre un 12 % o 13 % y por ello se encaminó a presentar acciones legales ante esta estafa. "Al final es dinero, y más en la inversión que supone un coche. El mío es un modelo normal, pero en otros de mayor cuantía esta cantidad es mucho mayor", recalca. "Al principio mis amigos no me creían y no me hacían caso. Ahora que lo ven en prensa se están poniendo en contacto con mi mismo despacho". Además, Martín indica que el despacho que tiene contratado no cobra cantidad alguna en caso de que los afectados no consigan reembolsar la cantidad en cuestión. 

En caso de que su demanda sea considerada con un resultado favorable y acceda al reembolso de este dinero, el despacho recibiría el 30 %. Maria José Noriega también fue víctima de esta práctica abusiva. En 2009 procedió a la compra de su coche, un Peugot 206, por el que pagó unos 12.500 euros. Una vez se enteró de lo sucedido a través de la prensa, decidió ponerse en contacto con un despacho especializado en este tipo de demandas facilitando la factura de compra. "Yo no sabía nada, me parece una práctica nefasta. A la hora de comprar un coche puede haber gente que entienda más", detalla Maria José sobre su compra. "Todos vamos a por un modelo en concreto, se paga y punto. Me parece una tomadura de pelo". 

21 empresas afectadas

El Tribunal Supremo lleva castigando desde abril a cerca del 80 % de las empresas del llamado 'cártel de los coches', tras confirmar multas por un total de 118 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso en 2015 a 15 empresas de servicios de distribución, venta y posventa de automóviles. Esto ha desatado una oleada de consultas legales por parte de quienes adquirieron un coche en la época de los hechos, entre 2006 y 2013, ya que entienden que esta práctica anticompetitiva "infló" el precio de sus vehículos. 

En 2015 se multó con 171 millones a 21 empresas por intercambiar información estratégica en el mercado español de la distribución y los servicios de posventa. La cuota de mercado conjunta de estas marcas suponía, por entonces, casi el 91 % de la distribución de automóviles en España. La resolución final afectó a automóviles de Citroën, B&M, BMW, Chevrolet, Chrysler, Fiat Group, Ford, General Motors, Honda Motor, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, y Volvo Car. Esto ha provocado un aumento de consultas legales de los conductores que compraron un coche en aquellas fechas. La organización de consumidores OCU estima que los afectados podrían reclamar entre el 10 y el 15 % del valor de su vehículo.

"Vemos una sensación de indignación generalizada, ya que todos han pagado un sobreprecio y este tipo de prácticas están muy mal vistas"

El bufete Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, encargado de representar a la Asociación de Afectados por el Cártel de Coches (AACC), subrayan "la sensibilidad de los afectados" ante un abuso producido durante años y que no estaba en el conocimiento público. "Contemplamos una sensación de indignación generalizada porque todos han pagado un sobreprecio y este tipo de prácticas están muy mal vistas", detalla el abogado del despacho Atilano Vázquez. "La gente tiene interés en recuperar el posible sobrecoste en el pago por sus vehículos". 

Aumento meteórico en las consultas

Desde Legálitas aseguran a La Información que desde que se ha dado a conocer este tema se han multiplicado por cinco las consultan sobre este asunto, suponiendo a una subida del 60 % del tráfico de llamadas en total durante 10 días. "Las consultas sobre estas cuestiones previamente suponían un 12 % de las llamadas en la sección de consumo, pero esta semana se han elevado a un 39 % dentro de la división", indican. Desde el despacho detallan que una de las principales problemáticas que se encuentran es que no todos los afectados conservan la factura de compra al "tratarse de una operación de más de 6 años". 

Además, solicitar un duplicado es algo que se podría denegar, ya que según el artículo 30 del Código de Comercio un negocio únicamente está obligado a conservar la documentación de los últimos seis años de actividad. Por otra parte, hay casos en los que los clientes únicamente les han facilitado el contrato de financiación del vehículo con el concesionario en el que se realizó la compra y podría valorarse dentro del procedimiento judicial de competencia desleal. Aun así, Legálitas subraya que aún se está a la espera de que este tome evolucione según se vayan publicando más resoluciones judiciales. 

Imagen de un concesionario.

Europa Press

Desde el despacho de Fides Abogados, explican a este medio que empezaron a trabajar con este tipo de demandas desde hace 3 meses aproximadamente, una vez se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional. Los clientes con los que abordan este problema van desde los casos particulares a aquellas empresas que compraron un vehículo nuevo en este periodo. Uno de los abogados especializados en este tema dentro del bufete, Juan Carlos Rodríguez Álvarez, indica que desde este despacho asturiano tienen estimado llegar proporcionar sus servicios a unos 5.000 afectados en total. 

Empresas a las que no será posible reclamar

Ya que no todas las empresas presentan los mismos plazos de acción dentro de la estafa, es conveniente estudiar los casos particulares de forma detallada. Por su parte, Rodríguez asevera que en empresas como SEAT, Volkswagen, Porsche o Audi  "no será posible ejercitar acción de reclamación de daños por vulneración de las normas del derecho de competencia". En primer lugar, la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es del pasado 23 de julio de 2015 y los propios fabricantes admitieron la decisión de la resolución y no procedieron a recurrirla. 

En esta línea, la acción de reclamación que se presenta en este fraude prescribiría al año de darse a conocer el agravio. Es decir, en este caso desde la fecha de resolución ha transcurrido el plazo más que de sobra para que no se pueda interponer ningún tipo de reclamación. Además, en la propia decisión se indica que a SEAT, así como al resto de empresas mencionadas, se les eximió del pago de la multa que le corresponde por su participación en la conducta infractora.