Larga batalla judicial

La Abogacía del Estado coge el mando total de los arbitrajes por las renovables

El IDAE dejará de asesorar al órgano ante la falta de personal que sufre, aunque continuará durante cuatro meses más a cargo de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos.

Parque eólico en Lebrija, en Sevilla.
Parque eólico en Lebrija, en Sevilla.
Capital Energy

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ya no formará parte de los arbitrajes por las energías renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Justicia articularán las medidas jurídicas necesarias para que la Abogacía General del Estado asuma la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera de los gastos y las contrataciones que sean precisos para la defensa de los intereses del país en este campo. 

Así lo recoge el artículo 102 del último 'megadecreto' con medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, el organismo que dirige Joan Groizard ostentará durante cuatro meses más la gestión transitoria en tanto que se articulan las medidas referidas anteriormente.

Fuentes del sector explican a este diario que la decisión se basa en que el IDAE tiene un problema "serio" de falta de personal y que no tiene ningún sentido que el organismo, cuyo principal objetivo es fomentar el despliegue de las energías 'verdes', consuma recursos en temas de litigiosidad.

A finales de agosto de este año, el ministerio que dirige Teresa Ribera, a través del IDAE, licitó más de una decena de contratos de servicios de asistencia jurídica por importe de más de 3,6 millones de euros.

Primer arbitraje perdido

Fue en 2017 cuando el Estado perdió el primero de los arbitrajes internacionales fallados en el Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial, por los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables. El laudo dio la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg.

Eiser era socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. En total invirtió 935 millones de euros en tres plantas en 2007, año en el que se aprobó el Real Decreto 661/2007, cuya aplicación provocó un rápido despliegue de las energías 'verdes'. No obstante, el sector fue sometido recortes retributivos posteriormente. El primero de ellos se produjo a finales de 2010, con el PSOE, y luego en 2013 con la aprobación de la reforma del sector eléctrico por parte del Partido Popular.

En total, España acumula una treintena de demandas de inversores extranjeros. Las denuncias se centran en los recortes a la energía solar y a la termosolar y reclaman al país cerca de 10.000 millones de euros en distintas instancias internacionales de arbitraje por los perjuicios que supuestamente les causaron los recortes en las primas a las energías renovables.

Inversores nacionales y extranjeros acudieron a la llamada de las renovables con la promesa de una alta rentabilidad

Con el Real Decreto 661/2007 se establecía un sistema que garantizaba a los inversores de energías renovables el cobro de una retribución durante toda la vida útil de la planta, ya fuera eólica, termosolar o fotovoltaica. Es lo que se conoce como las primas a las renovables, unas ayudas con cargo a la factura de la luz que garantizaban la rentabilidad de este tipo de energías. Con la promesa de elevadísimas tasas de rentabilidad, inversores nacionales y extranjeros con intereses en el sector acudieron a la llamada.

En este sentido, y gracias a la financiación de grandes bancos se produjo un ‘boom’ de la fotovoltaica en pocos meses. No obstante, en 2010, el Ejecutivo comenzó a aplicar los primeros recortes. El déficit del sector eléctrico le llevó a reducir las ventajas que presentaban las energías 'limpias' con el fin de recaudar más y compensar las pérdidas. 

Segundo golpe

En 2013 llegó otro golpe: se incluyó un impuesto a la generación de electricidad y el anuncio de la no retribución de todas las nuevas instalaciones de energía renovables posteriores a 2012. La reforma del sector eléctrico llevó a recortar en un 40% las primas que sí seguían vigentes.

Los inversores extranjeros podían acogerse para efectuar sus demandas al marco de la Carta de la Energía, un tratado creado para garantizar las inversiones internacionales en el sector y del que España ha confirmado su salida recientemente.

Mostrar comentarios