"La negociación colectiva no puede empeorar las condiciones de trabajo en nuestro país" zanjaba la vicepresidenta y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que presentaba la trasposición de la directiva 2019/1152. Esta norma acaba con los 'contratos a llamada' e impide que se pueda fijar un periodo de prueba superior a los seis meses para los técnicos titulados y a los dos meses para el resto de trabajadores, algo que hasta ahora sí podían hacer vía negociación colectiva. En ocasiones, los convenios extendían este periodo en el que algunas de las partes podía romper el contrato sin preaviso hasta el año, pero los que excedían estos plazos eran una excepción, según la estadística de diciembre.
El 93,3% de los convenios colectivos firmados en 2023 recogen un periodo de prueba igual o inferior al máximo legal, por lo que solo 91 excedieron los dos o seis meses estipulados como techo, en función de la formación requerida para el puesto. Hay algo más de 800.000 trabajadores bajo este paraguas, lo que a su vez suponen el 21,5% de los empleados amparados por estos acuerdos pactados vía negociación colectiva. Algo más de la mitad (56) se circunscriben al ámbito de la empresa, mientras que otros 35 son de carácter sectorial o territorial, siendo estos los que dan protección a más de 785.000 asalariados y engrosan el total de posibles afectados. Sin embargo, esta cifra no aporta indicios sobre el volumen de personas que pueden ver recortado un periodo de prueba que ya iniciado, dado que la mayoría tendrá más antigüedad.
Además, se modifica la regulación de este periodo para el contrato parcial para el que se fija un máximo de un mes para los acuerdos laborales con duración superior a los seis meses y a su vez, se indica que se reducirá el periodo de prueba en la proporción que corresponda según el tiempo que abarque. Por otro lado, está por ver cuál es la concreción de su entrada en vigor, puesto que el texto aprobado en Consejo de Ministros es solo el anteproyecto y el Gobierno podría dejar un margen temporal para adaptar los periodos de prueba al nuevo máximo, fijar que el cambio se aplique automáticamente o solo alterar las condiciones de los contratos que se firmen a partir de una fecha dada.
El Ejecutivo traspone esta directiva con retraso, tras meses de desencuentros entre las dos almas de la coalición por su concreción en el ordenamiento español, una demora por la que se enfrentaba a una sanción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como han denunciado los agentes sociales en diferentes ocasiones. Fuentes sindicales admiten que han intercambiado un gran número de borradores sobre la trasposición con el Ministerio de Trabajo y en diciembre daban por sentado que se incluiría en el 'megadecreto' que traspuso otra directiva europea que afectaba a los permisos de lactancia y que contenía la reforma del subsidio, precisamente el que tumbaron los votos en contra de Podemos.
No obstante, ya se dieron intentos de llevar la ley al Consejo de Ministros en julio, tal y como apuntan estas mismas fuentes y reconocen representantes de la cartera en privado. Sumar llegó incluso a incluir esta medida en su programa electoral. Desde este sector del Ejecutivo se señalaba a los frenos de Asuntos Económicos -entonces titulado por la ahora presidenta del BEI, Nadia Calviño- sin entrar en detalles, pero este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, hacía referencia específicamente a la ausencia de acuerdo con el departamento de Carlos Cuerpo para bloquear la modificación de la jornada y el salario de los trabajadores a tiempo parcial de forma unilateral. Un acuerdo que parece haberse materializado, ya que el texto ha visto finalmente la luz y superado el trámite del Consejo de Ministros.
Aumento de 'despidos' en periodo de prueba
Para los sindicatos esta materia era de especial importancia, a la vista de que había aumentado el número de trabajadores con contrato indefinido que no superaban el periodo de prueba, sobre todo en el año posterior a la entrada en vigor de la reforma laboral, que les había llevado a señalar que podía estar produciéndose un uso fraudulento de esta figura para enmascarar un falso contrato temporal. Esta práctica tendría una sanción en el caso de ser detectada por la Inspección de Trabajo, pero el hecho de que la empresa no tenga que aportar una causa para rescindir el contrato dificulta este trabajo, como apuntaba el entonces manager del Área Laboral y Seguridad Social de Ceca Magán, en respuesta a La Información.
En el mes de diciembre hubo 68.816 personas que no superaron el periodo de prueba, de las que más de 49.000 eran trabajadores indefinidos. Es la segunda cifra la que ha experimentado un cambio más significativo, como se aprecia al comparar los datos de diciembre de 2021 -mes en el que patronal, sindicatos y Trabajo acordaron la ley laboral- donde el número de relaciones laborales cesadas por este motivo era solo de 7.657 a pesar de que el conjunto era de más de 50.000. Este registro alcanzó su pico el pasado mes de julio, cuando 71.831 contratos por tiempo indefinido se rompieron por este motivo, mientras que el número total superó los 105.00, según el registro de la Tesorería General de la Seguridad Social.
