La conocida como 'ley trans' entró en vigor hace casi un año, pero las obligaciones que apuntan directamente a las empresas tendrán plenos efectos a partir del 3 de marzo de 2024, cuando llegará a su fin el plazo de 12 meses recogido en la Ley 4/2023. No obstante, las compañías caminan a ciegas, dado que no ha sido hasta este martes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha citado a los agentes sociales para negociar el desarrollo normativo del texto. Esta situación genera una situación de incertidumbre en el tejido empresarial, ya que más de 32.000 empresas se ven ante la tesitura de desarrollar un protocolo frente al acoso a personas LGTBI sin tener pautas sobre su contenido a menos de un mes de que concluya el plazo.
"Las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras deberán contar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI" establece el artículo 15 de la Ley 4/2023, un paquete que debe incluir un protocolo de actuación. Una obligación que se concreta en dos líneas diferenciadas, tal y como explica la laboralista y experta en diversidad en Ceca Magán Abogados, Rocío Guerrero. "La ley habla del desarrollo de medidas para la igualdad efectiva y de la necesidad de desarrollar un protocolo, pero este no está sujeto al desarrollo reglamentario" explica en conversación con La Información.
Esta puntualización se traduce en que el deber que señala a las empresas medianas y grandes tiene plenos efectos con independencia de cuál sea la evolución de la mesa que presidió este martes Yolanda Díaz. Actualmente, según el registro de enero de la Seguridad Social hay 26.478 compañías con entre 50 y 250 trabajadores, otras 2.991 con hasta 499 empleados y 2.540 con más de 500 asalariados. Guerrero reprocha que la norma deja totalmente abierto el contenido y el alcance de estos protocolos, lo que en su opinión genera mucha incertidumbre, ya que las empresas con las que trabajan les trasmiten una gran preocupación por no tener la certeza de si están actuando bien o no. Ante esta ausencia de recomendaciones específicas, desde el despacho han optado por trabajar sobre la base de los planes de igualdad, por ser la experiencia previa.
"Cada vez más empresas nos preguntan por esta cuestión y estamos trabajando en dos partes. Por un lado, a partir de los protocolos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo y por el otro, sobre los conceptos del colectivo LGTBI" detalla la laboralista. No obstante, matiza que las necesidades de ambos colectivos son diferentes y también deben serlo las cuestiones a tratar dentro de los protocolos, por lo que aventura que partir de conceptos desarrollados a partir de la experiencia de las mujeres llevará a modificar los planes una vez se apruebe el reglamento. Este texto deberá incidir en otras materias como el acompañamiento a los trabajadores durante su transición por parte de las empresas, un aspecto en el que también han puesto el acento los representantes de los trabajadores tras la primera reunión.
Primera toma de contacto sin borrador
Los agentes sociales habían instado al Gobierno a convocar esta mesa por considerar urgente la delimitación de los temas a tratar en el ámbito de la negociación colectiva, así como para disipar la incertidumbre que asola a muchas de estas empresas. La reunión de esta semana se ha limitado a una toma de contacto para conocer las propuestas de CCOO, UGT y CEOE, por lo que las partes han acordado volver a verse en las próximas semanas sin que el Gobierno haya presentado ningún borrador. Esto aleja la posibilidad de que el reglamento se apruebe con un margen suficiente como para que todas las compañías de más de 50 trabajadores implementen el paquete de medidas recogido en la norma.
No obstante, por el momento, el Ministerio de Trabajo no valora la posibilidad de retrasar su entrada en vigor. "El Gobierno no ha podido cumplir como hubiese sido su deseo con esa fecha de desarrollo reglamentario por unas elecciones que paralizaron el proceso legislativo. Creo que esa fecha nos sirve de referencia de la premura y la necesidad de avanzar cuanto antes" respondía el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, a la pregunta de este medio sobre esta opción. "Hemos manifestado la necesidad de agilizar el proceso de negociación que en teoría tendríamos que tener más avanzado" reconocía la secretaria confederal de Acción sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, quien fijaba como prioridad para esa fecha haber alcanzado un acuerdo de mínimos sobre qué debe ser objeto de la negociación colectiva.
