Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que esperaban miles de proyectos renovables han traído de cabeza al Gobierno central y a las comunidades autónomas en los últimos días. La Administración se ha visto obligada a pegar una acelerón en la tramitación de este informe para que miles de megavatios 'verdes' no perdieran los permisos de acceso y conexión a la red que se adjudicaron en 2020, tal y como ha publicado La Información.
El siguiente paso que tienen que solventar los promotores de los proyectos renovables será conseguir la autorización administrativa previa, con fecha tope el 25 de abril. Esta concede el derecho a realizar una instalación concreta y en unas determinadas condiciones. Posteriormente, con otros tres meses de margen, hasta el 25 de julio, deberán obtener la autorización administrativa de construcción.
Fuentes del sector consultadas por este medio aseguran que estos dos pasos son "bastante salvables" y que no supondrán un gran caos como ha sido la obtención de la evaluación de impacto ambiental. La DIA evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación de la instalación y, en su caso, el cese y desmantelamiento.
Ahora bien, lo complicado se centrará en la autorización administrativa de explotación definitiva. Esta se puede alargar hasta el 25 de junio de 2025 como máximo, pero desde el sector advierten de que aquí es donde se producirá el "verdadero cuello de botella".
Las mismas fuentes indican que Red Eléctrica tarda en la actualidad entre cinco y seis meses en otorgar la autorización de explotación, por lo que los parques fotovoltaicos y eólicos deberán estar ya construidos para finales de 2024 para entrar en plazo. Este último requisito es el que permite, una vez ejecutado el proyecto, poner en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. El plazo necesario para la construcción de una instalación fotovoltaica se sitúa en el entorno de los 18 meses, mientras que para una instalación eólica este plazo se incrementa hasta los 24 meses.
Ribera cumple
Para hacerse una idea, en diciembre quedaban pendientes de tramitación proyectos que sumaban alrededor de 80.000 megavatios (60.000 solares y 19.000 eólicos) y se prevé que se haya resuelto el 80% de los informes medioambientales. Algunas regiones como Galicia ya han avanzado que ha tramitado 120 expedientes: 77 declaraciones positivas (2.200 megavatios) y 43 desfavorables. Por su parte, 20 han quedado sin tramitar (suman 417 MW). La Comunidad Valenciana ha resuelto 107 expedientes, con un dictamen favorable para 61 proyectos que implican inversiones por 859 millones de euros.
Empresas como Endesa o Grenergy también ha comunicado que han recibido un informe ambiental positivo para algunos de sus proyectos. Opdenergy ha conseguido el visto bueno medioambiental para un total de 2.320 MW. El Ministerio para la Transición Ecológica ha gestionado el trámite para proyectos de más de 50 MW, mientras que las comunidades autónomas se han encargado cuando la capacidad es inferior. Fuentes del ministerio señalan a este medio que Transición Ecológica cumplido al 100% y ha evaluado 201 proyectos, de los cuales 192 han resuelto con DIA (170 favorables y 22 desfavorables). Por su parte, 8 expedientes se han archivado y un expediente se ha cerrado por desistimiento del promotor.
Ahora le toca a Red Eléctrica informar de cuántos proyectos han perdido el derecho de conexión. Esto será dentro de un mes. La DIA, un procedimiento con el que el Gobierno pretendía evitar que se especulara con los terrenos próximos a los puntos de conexión, ha resultado ser un atasco burocrático sin precedentes en la Administración española. El Gobierno aprobó en diciembre de 2021 una extensión de plazo por 9 meses adicionales para su obtención.
Desatascando la administración
Con el objetivo de acabar con la especulación que hay alrededor de los proyectos de energías renovables, el Ejecutivo solo tramitará los que hayan ganado el acceso a la red eléctrica en concurso. Así lo recoge el Real Decreto-ley en el que se desarrolla el sexto paquete anticrisis como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Además, el texto también incluye un procedimiento para otorgar permisos por la vía rápida. El Ejecutivo lo denomina como un "proceso de determinación de afección ambiental para proyectos de renovables de carácter excepcional y transitorio".
De este modo, se eximirá de evaluación ambiental a los proyectos que no se ubiquen en espacios de la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos definidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el medio marino. Sí tendrán que cumplir con el requisito los de construcción de líneas aéreas de energía eléctrica con un voltaje igual o superior a 220 kilovoltios y una longitud superior a 15 kilómetros.
Un informe elaborado por Monitor Deloitte señala que el interés por el desarrollo de proyectos renovables se ha disparado, multiplicándose por siete la capacidad de acceso concedida a red en los últimos cuatros años con 145 GW. Este elevado número de proyectos, algunos de ellos inviables ambiental o económicamente, es lo que dificulta el desarrollo de los que sí cumplen con los requisitos. El plan de España para la transición energética es uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea, con la instalación de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030.
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