Corren tiempos de greenwashing (ecoblanqueo). Las cumbres del clima se suceden —Madrid 2019, Glasgow 2021, Egipto 2022— con decenas de anuncios por parte de los países y empresas participantes, que en cambio no suelen alcanzar acuerdos lo suficientemente radicales como para variar el paradigma climático que se nos avecina. El reflejo de la grave sequía que azota a España (y vecinos como Marruecos), la disputa sobre el uso del agua de Doñana o los trasvases hacia zonas con cultivos de regadío son sólo una pequeña pieza en un ajedrez global donde las pequeñas acciones tienen mucho que decir, llegando a generar consecuencias imprevisibles.
En un momento en que cada decisión medioambiental es mirada con lupa por su afección a la economía, hay un país que, confrontando contra todo lo establecido, ha logrado poner en marcha una acción única que aúna sostenibilidad y economía, y que marca el camino para que muchos otros puedan replicar la operación en un futuro. La República del Ecuador acaba de cerrar una operación financiera por la cual ha logrado refinanciar su deuda a cambio de un compromiso medioambiental único: la conservación de las Islas Galápagos.
Financiación a cambio de protección
En el plano meramente financiero, la operación consiste en el canje de deuda soberana de Ecuador (con vencimientos a tipo variable en 2030, 2035 y 2040) por un nuevo préstamo emitido por Credit Suisse (rescatada y anexionada por UBS en mitad del procedimiento) por un valor de 656 millones de euros con vencimiento en 2041. La diferencia respecto a cualquier operación de este estilo reside en las exigencias a abonar por el receptor.
El Gobierno ecuatoriano se ha comprometido a cumplir una serie de compromisos (no desvelados aún) en materia de sostenibilidad de las Islas Galápagos. De esta forma, para recibir financiación para su deuda, se obliga al país a garantizar y mejorar sus planes de conservación y administración de la reserva marina que rodea al archipiélago con el fin de garantizar la correcta evolución de sus ecosistemas marinos.
El pacto forma parte de uno de los planes que el Ejecutivo de Guillermo Lasso presentó en la cumbre del clima de Glasgow: la aprobación del decreto de la reserva marina Hermandad. Esta norma, aprobada en enero de 2022, establece un área protegida de 60.000 kilómetros cuadrados alrededor del archipiélago de las Galápagos. La mitad de esa superficie marina incluye una especial protección a los ecosistemas marinos, prohibiendo las actividades extractivas; mientras que en la otra se limitaba la práctica de la pesca de arrastre, pese a ser uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana.
El español que ha negociado el acuerdo
Detrás de este acuerdo se encuentra un abogado español, Jesús Mardomingo, socio del despacho Dentons, que se ha encargado en primera persona de garantizar la llegada a buen puerto de una operación calificada como "histórica" por el gobierno de Ecuador. "Ha sido tremendamente compleja, que va mucho más allá de lo que anuncian los gobiernos, que es histórica para la humanidad porque incluye factores novedosos", señala en conversación con La Información.
Para Mardomingo, la importancia del acuerdo reside en haber logrado un consenso con la sociedad ecuatoriana. "Incluye un acuerdo con el sector pesquero, el más importante del Pacífico Este, a quienes se les ha dicho que no van a pescar porque le viene bien a la naturaleza", señala. A este se suma un pacto con sus países vecinos, Panamá, Colombia y Costa Rica, "que se han puesto de acuerdo basándose en mecanismos financieros novedosos". Se trata de canjear biodiversidad por dinero, "de mantener el ecosistema conservado a cambio de obtener beneficios para la deuda".
En su opinión, operaciones de este estilo están situando a Latinoamérica como un "líder mundial en fondos ambientales" y hará que más gobernantes opten por buscar este tipo de mecanismos. "Contribuyen a fortalecer el desarrollo económico, tanto en el sector privado como en el público, siempre que se hagan con una visión a largo plazo y estable", concluye.
La operación suscrita por Ecuador permite su financiación a largo plazo a un interés fijo. GPS Blue ha sido el prestamista de estos fondos asesorado por The Bank of New York Mellon (BNYM). El préstamo cuenta con una garantía crediticia parcial por 85 millones de euros aportada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la mayor póliza de seguro de riesgo político emitida por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), dependiente del gobierno de los Estados Unidos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios