La presión de los agentes y los gobiernos por el cambio climático sigue creciendo. La transición ‘verde’ ha pasado a ser uno de los enganches principales de todas las grandes potencias y por lo mismo se han creado diferentes iniciativas para impulsarla. El objetivo de descarbonizción rodea la agenda climática que se debe cumplir para los próximos años y esta presión por conseguirlo ha afectado especialmente a los países emergentes. Estos se ven más afectados por las catástrofes climáticas porque no tienen la financiación adecuada para afrontarlas y ahora temen que estos costos se eleven aún más y generen mayor endeudamiento.
Según ha podido recoger Bloomberg, el gerente de cartera de crédito ESG en Invesco Asset Management en Singapur, Norbert Ling, dice que “necesitamos centrarnos en cómo impulsar una mayor movilización de financiamiento climático del sector privado”. El experto asegura a la compañía americana que el papel de los bancos para la ampliación de ayudas para los riesgos climáticos es clave porque pueden reducir el riesgo de proyectos para el sector privado. Un informe de Moody’s explica que “las presiones de liquidez surgieron en el contexto de pagos de deuda inusualmente altos y gastos superiores a los previstos” que se potenciaron por el ciclón Freddy, y así muchos países también han quedado en jaque por los efectos.
Incluso, desde Bloomberg insisten en que los gobiernos y las empresas de los países más vulnerables están luchando porque el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos coincide con un aumento de los costos de endeudamiento. Para ello, hace muchos años que se ha venido insistiendo para la creación de un fondo que ayude a esta transición. El año pasado en la Cumbre del Clima (COP27) se luchó por lograr un acuerdo de financiación para la agenda climática, y fue uno de los principales tópicos de la cumbre: debatir cómo se iba a indemnizar a los países en desarrollo que son las mayores víctimas del cambio climático.
Así, días después de su celebración la Conferencia por el Cambio Climático de Naciones Unidas dio luz verde a la creación de un nuevo fondo destinado a financiar los daños climáticos que ya sufren los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global. De forma unánime los delegados acordaron establecer nuevos mecanismos para la financiación de pérdidas y daños, y se hizo énfasis en la "necesidad inmediata" de aportar estos recursos financieros. Sin embargo, aún no se han aclarado ámbitos clave de este vehículo como la cantidad de dinero que se pondrá sobre la mesa, o cómo se llevará a cabo el abono de las pérdidas y daños.
El Vulnerable Twenty Group, es una iniciativa formada en 2015 que busca la cooperación de economías sistemáticamente vulnerables al cambio climático. Está representado por países como Afganistán, Bangladesh; Colombia; Costa Rica; Ghana; Guatemala; Haití; Honduras; Kenia; Marruecos; Filipinas, entre otros. En 2022 publicaron un informe llamado 'Revisión de la deuda V20, una cuenta de la deuda en el grupo vulnerable de veinte', que indica que entre 2022 y 2028 los miembros del V20 serán responsables de casi 409,8 millones de euros en pagos de servicio de deuda de acreedores por temas climáticos. “En 2024, los miembros de V20 verán aumentar sus pagos de deuda al nivel más alto de esta década: 69.800 millones de dólares, siendo Colombia, Vietnam, Sri Lanka, Bangladesh o Filipinas los países con cargos más altos”, indican.
Es por esto que el documento zanja que la “necesidad de hacer inversiones climáticas continúa creciendo”, porque de lo contrario, si no se presta ningún tipo de ayuda o medidas complementarias como subvenciones, los países V20 “pospondrán su capacidad para invertir en el cambio climático”. El medio americano destaca un informe de la Universidad de Boston que cuenta que a medida que los desastres naturales se intensifican y se vuelven más frecuentes, los inversores aumentan la tasa de interés que cobran a los países vulnerables, lo que consigue aumentar la carga de la deuda. Esto conlleva a que la prima de riesgo que sea más elevada pueda generar un “círculo vicioso” de costos de deuda más altos y una menor capacidad para invertir en la transformación climática.
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