Producto de la descentralización

Las elecciones del 28-M ponen en jaque las políticas medioambientales españolas

Un informe de Scope Ratings asegura que España es de los países UE más expuestos a riesgos climáticos y que el resultado de los comicios podría traer efectos adversas para los objetivos de sostenibilidad en los próximos años.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Europa Press

Este domingo se celebran las elecciones autonómicas y municipales en gran parte del país lo que definirá cómo serán los próximos años a nivel político. Además, hay muchas normas y proyectos que pueden estar en juego. La Ley de Vivienda demuestra cómo serán las CCAA quienes tienen la autonomía para definir o no zonas tensionadas, pero otras políticas que también pueden estar en jaque son las medioambientales. Según indica el informe del proveedor de calificaciones crediticias, Scoope Ratings, las elecciones pueden llegar a influir en las estrategias verdes que se implementen de aquí en adelante.

“El resultado de las elecciones de este domingo en 12 de las 17 regiones españolas pondrá a prueba la política medioambiental descentralizada del país. Y, si el nivel de fragmentación política aumenta en lugar de disminuir, las consecuencias podrían ser adversas para los objetivos medioambientales y la calidad crediticia a largo plazo”, indica el informe ‘El reto de la gobernanza medioambiental en España: las elecciones autonómicas se celebran en medio de un creciente riesgo climático’ publicado por Jakob Suwalski, director de calificaciones públicas y soberanas, y Thibault Vasse, director asociado de calificaciones soberanas de Scoope Ratings.

En primer lugar, los expertos auguran un periodo de tensión en los próximos meses porque aseguran que España es uno de los países de la Unión Europea que más expuesto está a los riesgos climáticos. Por lo tanto, explican que para poder mejorar su resistencia ante este tipo de fenómenos naturales, se necesita tirar de grandes inversiones a nivel nacional. Sin embargo, los comicios podrían complicar “la coordinación de las políticas locales, regionales y nacionales” llevando a una mala gestión de los presupuestos destinados a políticas ‘verdes’ zanjan.

España se ha sumado a diferentes iniciativas verdes. No solo es parte del Acuerdo de París que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, también ha ido implementando otras medidas como el Fit for 55, REPoweEU, entre otros. Además, ha creado sus propios métodos para combatir este problema. En 2020 el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, una herramienta “hacia la reconstrucción verde de España cuyo principal objetivo es construir un país menos vulnerable, seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático”, escribieron desde el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

La ministra Teresa Ribera también se ha lanzado a analizar medidas para mejorar la calidad del aire, la gestión del agua y la lucha contra la desertificación. Actualmente existe un riesgo hídrico importante por la sequía que vive España, y esta amenaza medioambiental trae no solo consecuencias sociales, también trae problemas económicos: falta de productos, alza de los precios, e incertidumbre en sectores como la ganadería y agrícola en general. Hace solo unos días el Sistema Español de Seguros Agrarios (Agroseguro) preveía que España alcanzaría un nuevo récord de 900 millones de indemnizaciones por la sequía. Aún así, el Gobierno aprobó un paquete global de ayudas directas, rebajas fiscales y reducción de peonadas por un total de 2.190 millones de euros.

Por otro lado, si se habla del compromiso autonómico por el cambio climático, aún queda camino por recorrer. Pocas CCAA han creado leyes ‘verdes’ específicas para combatir los riesgos y el cambio climático, mientras que otras todavía están trazando sus estrategias de ahorro energético basadas en medidas de autoconsumo y energías sostenibles. Sin embargo, entidades como el Banco Central Europeo han pedido mayor compromiso a los países de la UE para combatir los riesgos climáticos. Este tipo de eventos entre 1980 y 2020, costó pérdidas directas de 487.000 millones de euros a la región. Aunque España ha conseguido estar dentro de la media de los países que tienen entre un 20 y un 35% de cobertura en contra de siniestros naturales.

La inversión en este tipo de catástrofes y las inversiones verdes pueden reforzar la resistencia económica frente a los riesgos climáticos, crear nuevas oportunidades de empleo, ahorrar costes a largo y mediado plazo, indican Suwalski y Vasse. "Pero, los gobiernos autonómicos deben hacer frente a los costes iniciales y a las posibles tensiones financieras, junto a unos tipos de interés más elevados y una rentabilidad incierta de las inversiones, lo cual exige una gestión financiera cuidadosa para garantizar que el impacto positivo compense los riesgos asociados" aclaran.

Los resultados podrían complicar “la coordinación de las políticas locales, regionales y nacionales” llevando a una mala gestión de presupuestos destinados a políticas ‘verdes’ .

En el país, según el informe de Scoop Ratings, existen algunas regiones que están entre las más expuestas a los riesgos medioambientales. “Varias regiones y provincias españolas se encuentran entre las más vulnerables de la UE desde el punto de vista medioambiental, con riesgos crecientes de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, olas de calor e incendios forestales”, indican. Así como también avisan de que la subida del nivel del mar o el aumento de la intensidad de las tormentas también puede poner en riesgo la zona de la costa española. Por esta razón, hacen un llamamiento a “mejorar la gestión del agua para evitar la escasez, lo que exige medidas de conservación e inversión en infraestructuras”.

España también es el país de la UE que tiene mayores disparidades climáticas a nivel regional, con descensos más marcados en el sur y mayor escasez de agua en el sureste. Dentro de las comunidades autónomas que más se enfrentan a estos riesgos medioambientales son Sevilla, Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva. Y los que están menos expuestos son Vizcaya, Soria, Álava, Gipuzkoa y Melilla. “Es probable que los retos medioambientales presionen cada vez más los recursos de los gobiernos locales y centrales ante emergencias más frecuentes y graves y el consiguiente gasto de recuperación”, urgen. Aunque admiten que es clave la creación de medidas y aplicación de presupuestos, saben que todo dependerá de los resultados de este domingo "en caso de que se genere una mayor fragmentación política y complique la adopción de políticas coordinada". 

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