La Comisión Europea (CE) ha aprobado un reglamento que permitirá a los Estados miembros de la Unión Europea ofrecer a sus agricultores tres alternativas para cumplir con la norma BCAM 8 durante 2024. Esta normativa obliga a dedicar un porcentaje mínimo de las tierras de cultivo a elementos no productivos. De esta manera, y según el reglamento publicado este martes en el Diario de la Unión Europea (DOUE), los Estados podrán tomar la decisión de permitir que los agricultores dediquen un porcentaje de al menos un 4% a superficies o elementos no productivos; como barbechos, cultivos fijadores de nitrógeno o cultivos intermedios.
Para aquellos casos en los que se elija la alternativa de cultivos intermedios o fijadores de nitrógeno, el reglamento prohíbe utilizar productos fitosanitarios. La CE flexibiliza de esa forma el cumplimiento de la norma de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (normas BCAM) 8, que tiene como objetivo principal el mantenimiento de elementos y superficies no productivos para mejorar la biodiversidad en las explotaciones.
Para tomar esta decisión, la CE ha tenido en cuenta que los agricultores se están enfrentando a muchas "dificultades e incertidumbres" debido a fenómenos meteorológicos extremos, entre los que se encuentran sequías e inundaciones, "que inciden en los rendimientos e ingresos, y también en la realización y el calendario de las prácticas agronómicas habituales".
Incertidumbre y presión en el mercado
Los altos precios de la energía y los insumos como consecuencia de la agresión de Rusia contra Ucrania, la inflación, los cambios en los flujos comerciales internacionales y la necesidad de apoyar a Ucrania han generado aún más incertidumbre y presión en el mercado, tal y como explica la CE en su exposición de motivos.
Además, ilustra que los agricultores se están enfrentando a una bajada de ingresos, y particularmente en el caso de los cereales los precios se han desplomado respecto al 2022, con un valor de la producción de cereales de la Europa de los 27 pasó de 80.600 millones de euros en 2022 a 58.800 millones en 2023 (-27 %).
Por todo ello, la CE ha adoptado este reglamento, que entrará en vigor este miércoles y que ofrecerá a partir de entonces un plazo de 15 días a los Estados miembros que decidan acogerse a la excepción para comunicarlo.
