¿Una vuelta al 'cole' segura? Celaá impone medidas y ratios que ya existían

El coronavirus sigue entre nosotros y cada decisión política se centra en evitar nuevos contagios. En este contexto, se estudia la apertura del próximo curso escolar, que será "presencial", pero cómo van a abrir las aulas en septiembre sigue siendo una incógnita, más aún después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, haya vuelto a puntualizar una de las medidas -tras dar marcha atrás- que ha presentado a las comunidades autónomas en la cuarta Conferencia Sectorial de Educación mantenida desde el decreto del estado de alarma. Las CCAA tendrán la última palabra, aunque Educación pretende que todas se rijan por las mismas normas. Ahí radica precisamente la pregunta del millón: ¿cuáles son dichas normas? Mario Gutiérrez, presidente del sector nacional de educación de CSIF, critica que "se está continuamente improvisando" y lamenta no ver "un plan serio ni riguroso en los planteamiento". Ahora el cupo de número de alumnos por clase ya no es de 20 y los de Primero, Segundo y Tercero de Primaria también deberán llevar mascarilla.  El Gobierno entregará 2.000 millones de euros a las autonomías para hacer frente a estos cambios, pero varias ya han dicho que la partida es insuficiente. 

Gutiérrez así lo cree después de que Celaá haya expuesto durante estos meses varios escenarios en los que se obligaba a la contratación de más profesorado para hacer frente al desdoblamiento de clases que exigía el primer ratio de alumnos del que se habló: 15. Desde el sindicato CCOO se estimó que para llevarlo a cabo se necesitarían abrir 87.500 nuevos grupos y contratar a 165.000 profesores. En cuestión de días dicho ratio se elevó a 20, un escenario que seguía obligando a Andalucía, Madrid, Cataluña, Murcia, Ceuta, Melilla a invertir en profesorado porque su ratio, de media, estaba por encima. Cumplir con las normas que indicaba el Gobierno, por tanto, conllevaba una inversión. En España el número de alumno por clase en primer ciclo de Infantil es de 12,4 de media. En Secundaria, de 19,9. En Educación Primaria, de 20,9. En ESO, de 24,9 y en Bachillerato es de 26,2. 

El último ratio por el que apuesta ahora el Gobierno para esa vuelta a las clases en septiembre no es ni de 15 ni de 20, es el legal: 25 alumnos en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Hace unas horas, Celaá puntualizaba que deberá haber 20 alumnos en los cursos de hasta 10 años -con un profesor y otro probablemente de apoyo-, pero que dichos colectivos "no implican que las clases de todos los cursos sean de un máximo de 20 alumnos". En el resto se mantendrán, por tanto, las ratios legales mencionados anteriormente. En este nuevo escenario, ninguna comunidad tendría que hacer frente, de media, a un desdoblamientos en sus aulas.

Atrás quedarían esos gimnasios, bibliotecas o comedores que se iban a llenar de pupitres porque los alumnos no podían seguir impartiendo la clase en sus aulas para cumplir con las medidas de seguridad sanitaria si al final no hay un ratio de 20 alumnos por clase. Esos espacios comunes de los colegios eran los que Celaá proponía que se ocuparan en caso de necesitar espacios para desdoblar las aulas. "Es una vuelta a clase absolutamente normal", asegura Gutiérrez, que lamenta no se tengan en cuenta otras medidas 'anticontagio' porque "la separación de 1,5 metros por alumno no es nada nuevo tampoco". Parece el mayor quebradero de cabeza para los centros pero, en parte, las clases ya deberían estar preparadas para ello. 

Así, con los más pequeños y hasta cuarto de Primaria (10 años), los centros deberán establecer grupos que pueden socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta, ya que es un grupo de convivencia estable. Esto posibilitará además un rastreo de contactos rápido y sencillo en el supuesto de que se diera algún caso, según Celaá. Por otra parte, una profesora asegura a La Información que en dichas edades los alumnos hacen muchos trabajos colaborativos, por lo que mantener la distancia entre ellos sería casi "imposible". 

Desde el CSIF lamentan que para diseñar las medidas que contempla Celaá "no se haya tenido en cuenta a los profesores". Y los maestros no son los únicos que piensan que las nuevas normas "son tan poco pragmáticas que parecen pensadas por alguien que no está en un colegio". La propia ministra aseguraba ayer que "abrir una escuela es infinitamente más complejo que abrir un comercio pero tenemos un gran compromiso con la comunidad educativa".

Sí se contempla en las normas del Gobierno que sea a partir de quinto de Primaria cuando los alumnos tengan que eestar sentados respetando una media de separación que ya viene recogida en el BOE publicado hace tres días -1,5 metros- pero que un real decreto del 12 de febrero de 2010  ya contemplaba a la hora de poder abrir una clase. "Los centros de educación primaria deberán contar, como mínimo, con un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados con un mínimo de 1,5 metros cuadrados por puesto escolar", recoge el texto. 

Con este decreto en la mano, las aulas ya deben estar diseñadas pensando en que cada alumno tiene que disponer de ese espacio que ahora, en plena pandemia, ser convierte en vital para evitar nuevos contagios. Bajado el ratio de número de alumnos por clase y dejando la separación entre estudiantes en las aulas en 1,5 metros las propuestas del Ministerio que sí han firmado todas las comunidades, excepto Madrid y País Vasco, sobre la apertura del próximo curso posibilitaría que la gran mayoría de los alumnos volvieran al colegio en septiembre de forma presencial.  La ministra aseveraba ayer que el curso comenzará en las fechas habituales, con las pautas de 175 días lectivos mínimo.

Entre los 14 puntos acordados con la mayoría de las comunidades destaca que las administraciones fomentarán el trabajo colaborativo entre los docentes de los centros para permitirles dar una respuesta coordinada en las nuevas circunstancias y que se les dará la información necesaria sobre los requisitos higiénico-sanitarios establecidos. Sobre la figura del coordinador de bienestar, planteada en el documento con Sanidad y también objeto de críticas de la comunidad educativa, la ministra afirma que está contemplada en la Ley de la Infancia y requiere su desarrollo reglamentario.

Por otra parte, los centros educativos deberán adoptar sus programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados a raíz de la pandemia. Siguiendo las directrices de las Administraciones educativas, elaborarán también planes de seguimiento y de apoyo para los alumnos que experimenten dificultades de aprendizaje o emocionales derivadas de las circunstancias actuales. Cada centro deberá tener de forma complementaria un Plan de Inicio de Curso y Planes de Contingencia que prevean las actuaciones a realizar en función de los distintos escenarios que puedan irse presentando.

El acuerdo prevé también trabajar con los servicios de prevención de riesgos laborales para reducir al mínimo los riesgos del conjunto de la comunidad educativa. Los centros mantendrán con el alumnado sesiones informativas y  de recuerdo de las recomendaciones higiénico-sanitarias. En relación a los servicios complementarios habituales, como el transporte y los comedores -se contempla que coman en las aulas-, las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para asegurar su continuidad.