Hasta tres personas se enfrentan a una multa de 4.000 euros por conducir un "taxi pirata" en el municipio alicantino de Jávea. La Policía Local ha interpuesto denuncias contra estas tres personas, con edades comprendidas entre los 30 y 60 años, por conducir un vehículo particular sin los permisos que concede el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Movilidad.
Los conductores de estos vehículos aprovechaban los momentos en los que los taxistas estaban ocupados para transportar a personas a locales de ocio. Fuentes policiales señalan que detectaron esta actividad ilegal en varios controles que realizaron en la jornada del domingo. En total, la operación se saldó con tres personas denunciadas que iban al volante de los denominados "taxis piratas".
Intrusismo profesional
Tras tramitar la denuncias pertinentes a los tres conductores, los policías procedieron a trasladar el expediente al al Área de Transportes de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En la documentación, los agentes indicaban que los denunciados no cuenta con la autorización pertinente para la conducción ni la prestación del servicio que estaban realizando.
La operación policial no ha pasado desapercibida entre los miembros del gobierno del Ayuntamiento de Jávea, donde tuvieron lugar los hechos. Así, Juan Ortolá, concejal de Protección Ciudadana y Movilidad, ha querido hacer un declaración pública para trasladar su apoyo al sector del taxi profesional en el municipio. Con sus palabras, ha remarcado: "denunciaremos todas las irregularidades que detectemos".
'Taxi pirata' sin seguro de responsabilidad y sin tarifas oficiales
Los vehículos particulares que realizan el traslado de personas sin la correspondiente autorización carecen de cobertura de responsabilidad ilimitada, una condición a la que están obligados los conductores con licencia de taxi.
Además, los 'taxi pirata' circulan sin contar con unas tarifas fijas y oficiales. El precio a pagar por un trayecto determinado se acuerda entre el cliente y el conductor. Esta circunstancia implica una competencia desleal con el sector que sí opera dentro del marco de la legalidad.
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