Sociedad

Rebelión en las aulas

"Somos maestros, no sanitarios ni policías, la vuelta al cole no es segura"

La comunidad educativa anuncia movilizaciones para septiembre y en algunos ámbitos se duda ya de que los colegios puedan abrir sus puertas.

María dará clases este curso en un Instituto del barrio de Motatalaz de Madrid. Confiesa que, con el plan puesto sobre la mesa por la Comunidad de Madrid, para el inicio del curso, tiene “miedo” porque cree que no se puede asegurar la ‘seguridad’ y la salud de profesores y alumnos. A un mes del inicio teórico del curso 2020-2021 y en pleno debate sobre si hay una segunda ola de contagios de la Covid-19 duda, incluso, de que los alumnos puedan volver a las aulas presencialmente. “Confío poco en que se puedan abrir los colegios en septiembre”, asegura. Y, “sin querer ser frívola” porque es “un tema muy serio”, dice: “hay un indicativo de lo complicada que va a ser la vuelta si ésta se produce: ¿has visto algún anuncio en medios de comunicación de ‘la vuelta al cole’ de El Corte Inglés que otros años por estas fechas ya nos estaba martilleando? No sé. Da que pensar”.

Lo cierto es que al igual que María, miembro de la Marea Verde de Madrid en defensa de la educación pública, muchos docentes y padres de alumnos a lo largo de toda España se están rebelando debido a la incertidumbre por cómo se va a producir la reapertura de las aulas y porque consideran imposible garantizar la seguridad y las medidas para hacer frente al coronavirus. Apenas queda un mes para el arranque el curso, pero, más allá de los 2.000 millones de euros anunciados por el Gobierno, que nadie sabe cómo ni cuando se van a invertir y repartir, los planes para la vuelta al cole no terminarán de prepararse hasta la Conferencia de Presidentes que se celebrará a final del mes de agosto “y ya será muy tarde”, explican desde el sindicato de profesores ANPE.

Desde muchos centros educativos -de casi todas las Comunidades Autónomas- aseguran que no pueden garantizar las distancias ni la separación de aulas porque no hay suficiente personal ni recursos y defienden que no pueden arriesgarse a abrir los colegios así. Igualmente, la comunidad educativa se queja de que realmente son los centros los que tienen que elaborar el plan anticovid y “nosotros somos maestros”, ni sanitarios ni policías, y “querríamos que el plan lo elaboraran técnicos profesionales porque nosotros no estamos cualificados para ello”, explica María Luisa Carrasco, directora del colegio público Juan Rodríguez Berrocal de Camas (Sevilla). “Con los recursos e instalaciones que tenemos es imposible trasladar la normativa a la práctica”, sentencia. En otras regiones, como Madrid, docentes como Alba Izquierdo o Nuria Sangüesa hablán de “plan suicida” o “foco de contagio”. La rebelión llega a las aulas antes incluso de que estas se abran y las movilizaciones, incluso huelgas, ya están convocadas para primeros de septiembre.

El Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pedía esta semana que se diera prioridad a la reapertura de las escuelas en todo el mundo porque si no "nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas". En España, profesores y padres también ven “vital” volver a abrir las aulas y garantizar una educación presencial, pero “con seguridad y dotando a la educación de los recursos necesarios”, como exige, dando voz a los padres de los alumnos, el Vicepresidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Manuel Simancas. “Hay que establecer un marco legislativo para el amanecer y el atardecer. Regular las actividades extraescolares porque son muchos padres, por cuestiones de trabajo, que tienen que llevar a sus hijos antes al cole y recogerlos después; hay que hacer una gran inversión en limpieza o la contratación, como mínimo, en la Comunidad de Madrid de 5.600 docentes, para empezar”, cuando el gobierno que dirige Díaz Ayuso solo se ha comprometido a contratar 600; “ una fuerte inversión en nuevas tecnologías y además, hay muchos niños y niñas que la única comida que hacen al día es en el colegio y hay que garantizar también los comedores escolares”. Esta asociación de padres reclama además la “instauración de un enfermero o enfermera en cada centro para tratar de controlar la situación”.

Isabel Celáa, Ministra de Educación, viene reiterando que el curso empezará con seguridad para docentes y alumnos y que las comunidades autónomas se encargarán de ello: "Las Comunidades son las que tienen que proveer las medidas y establecer una disposición de los espacios que permitan que se observen las distancias". El consejero de Educación y Juventud de Madrid, Enrique Ossorio, lanza una mensaje de "tranquilidad" a las familias, alumnos y docentes porque, asegura, Madrid ha seguido todas las indicaciones del Ministerio de Sanidad, Educación y de la propia Consejería de Sanidad ante el virus. Lo mismo decía estos días el consejero de educación de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, quien además explicaba que el curso empezará con “normalidad” y que, por ejemplo, el 90% de los 1.064 centros de titularidad pública de Andalucía van a recibir fondos para adecuar los espacios a la realidad del coronavirus. Unas obras en las que se van a invertir 25 millones de euros.

Incluso, el Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, anunciaba la contratación de 826 docentes para crear la figura del ‘coordinador covid’ enlos centros y garantizar así “una vuelta segura a las aulas”. Además anuncias tests masivos PCR a los 143.000 docentes y la compra, por si acaso el curso presencial es inviable, de 300.000 tablets y dispositivos electrónicos.

Pero la comunidad docente andaluza pide “concrecciones y garantías verdaderas”. Así, Irene Guillena, profesora de secundaria en un instituto de Guillena (Sevilla), puntualiza que “se deja en manos de los equipos directivos la elaboración de un plan para el inicio de curso que es imposible de realizar, si atendemos a las autoridades sanitarias que marcan que la distancia de seguridad tiene que ser de 1,5 metros entre el alumnado y nos vamos a ver las aulas de cualquier centro educativo, vemos cómo ésto, sin bajar la ratio de alumnos por aula, es imposible. Y muchos equipos directivos manifiestan que es imposible cumplir las normas establecidas con los recursos con los que se les dota”.

De hecho, a finales de junio, decenas de directores de centros públicos de secundaria de Andalucía, también lo hicieron los de Madrid, firmaron un escrito en el que denunciaban la “imposibilidad” de garantizar la seguridad en la vuelta a las aulas. La Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Madrid (Adimad), que engloba a más del 80% de equipos directivos, también ha demandado a la Consejería de Educación y Juventud que considere designar personal sanitario para los protocolos de actuación ante posibles contagios o respecto de las medidas sanitarias a desplegar, debido a que es una "gran responsabilidad" para los directores que deben manejar "cientos de menores diariamente". 

"Nosotros, como directores y directoras de los centros de secundaria, no disponemos de la cualificación, los conocimientos ni la experiencia suficientes para asumir esa responsabilidad, que además no nos corresponde: no podemos convertirnos por decreto en gestores de pandemias”. “Nos negamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden y a ser cómplices del desastre”, explican. “Los institutos, sin los recursos humanos y materiales necesarios, se van a convertir en un importante foco de infección del virus en septiembre y además se somete a las familias a un chantaje moral. A la dicotomía de elegir entre educación y salud, entre mandar a sus hijos a unos institutos que no van a contar con unas mínimas medidas de seguridad o dejarlos en casa y renunciar a trabajar”.

Por otro lado, el colectivo critica que las instrucciones remitidas por la Comunidad de Madrid para organizar el próximo curso escolar lleva a desplegar ratios de alumnos por aula "al límite" de la legalidad (30 + 10) y que el "cupo" de profesores se mantiene igual. "Creemos que, más que nunca, y ante una pandemia global, bajar las ratios y, por lo tanto, aumentar el número de unidades o grupos de alumnos debería ser una prioridad", dicen desde esta asociación.

El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, cree que las comunidades autónomas “han ido adoptando sus propios criterios con grandes desajustes entre unas y otras y hay mucha preocupación con la vuelta a las aulas y los criterios adoptados por las regiones ni siquiera cumplen con esas medidas mínimas". Desde UGT, por su parte, entienden que las distintas comunidades deberían tener “mejor” preparado el inicio del próximo curso. "Nos consta que en muchas de ellas esto no es así porque ni se han hecho las inversiones necesarias, ni se ha negociado con la comunidad educativa y se pretende volver a la normalidad de los centros a un coste mínimo", denuncia la responsable de Educación de UGT, Maribel Loranca.

La ‘rebelión’ de la comunidad educativa pidiendo, sobre todo, más recursos y garantías de seguridad sanitaria para docentes y alumnos, se expande por España y en general, no distingue entre autonomías de uno u otro color político, quizás con la excepción de Valencia y Asturias. Las cuatro organizaciones sindicales con presencia en la mesa sectorial de Educación en Galicia, CIG, ANPE, CC. OO y UXT animan a los equipos directivos de los centros públicos a que dimitan en bloque para presionar a la Consellería de Educación, ya que las directrices emanadas desde la Xunta “no ofrecen suficientes garantías de seguridad para alumnos y personal” porque el texto presentado por las autoridades educativas “no contempla más que aulas-burbuja y mascarillas como protección ante un posible rebrote”. La Junta de Personal Docente de Cantabria, órgano de representación del profesorado de la enseñanza pública, formado por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF, está "muy preocupada" con las condiciones en las que se va a desarrollar la actividad lectiva durante el próximo curso y ha dicho que "no se corresponsabilizará" de la vuelta a las aulas en septiembre mientras no se aumente el cupo extraordinario de profesorado para hacer frente a la COVID-19.

Castilla la Mancha invertirá, según el ejecutivo regional presidido por Emiliamo García Page, 120 millones de euros y contratará 3.000 nuevos profesores para una vuelta “segura” a las aulas. Pero, por ejeemplo, el claustro de profesores y el AMPA del IES Brianda de Mendoza de Guadalajara califica “alarmante” el inicio del próximo curso porque “no se están tomando medidas efectivas para preparar a los centros educativos para reducir el riesgo de brote. Los estudiantes de 2º de ESO en el citado centro “van a estar hacinados en clases de 33 alumnos más el profesor. No hay sitio y tampoco forma de mantener la distancia de 1,5 metros. Nuestras aulas, y las de la mayor parte de los centros, en nada se parecen a la que nos muestran los telediarios”, explican. El AMPA del IES Ramón y Cajal de Albacete exige reducir las ratios por grupo, algo que descartó el gobierno castellanomanchego, porque “no hay forma de garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros si se mantienen aulas con 30 alumnos que fueron diseñadas para un máximo de 25”.

María, la profesora de secundaria del instituto de Moratalaz (Madrid), manifiesta su “preocupación” porque “no se están habilitando espacios para que pueda haber 15 alumnos por aula. Yo no puedo estar con 35 alumnos por aula durante seis horas. Yo soy joven, pero tengo algún compañero con 60 años que está pidiendo la jubilación. Acabo de hablar con uno y me dice: ‘yo no me arriesgo a meterme con más de 30 alumnos en un aula’. Hay que habilitar espacios ya y garantizar la educación. Sin educación no combatimos esta pandemia. La base es la educación. Aquí, y yo soy hija de hostelero, llevamos meses pensando en cómo se abren los bares y no hacemos nada para garantizar que los colegios se abran en septiembre en condiciones seguras para alumnos y profesores”.

Más de 8 millones de alumnos y de 700.000 profesores de las enseñanzas regladas no universitarias en España están en vilo. La comunidad educativa se rebela y pide más recursos para garantizar que se abran los centros con seguridad y se garantice el derecho a la educación presencial. Mientras, en medio de los rebrotes y del debate sobre si estamos ante una segunda ola de contagios, Salvador Tranche, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), los médicos de familia, advierte: “en septiembre, con la apertura de los colegios y la llegada del otoño se va a producir el tsunami perfecto para la pandemia”. Miguel Gutiérrez, profesor interino y portavoz de Asamblea Marea Verde Madrid, portavoz de las familias, cree que “las autoridades educativas, tanto del gobierno central como de las autonomías, están delegando en los centros educativos, en los profesores, equipos directivos y padres, la vuelta a las aulas, y ninguno de estos colectivos tiene formación sanitaria. Es un ‘sálvese quién pueda’. El fondo covid se repartirá entre las Comunidades Autónomas y estas harán de su capa un sayo. Distancias de seguridad, reparto de mascarillas en los centros, lavado de manos... ¿Quién gestiona eso? Es todo caótico”. 

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