El Gobierno español "ha actuado irresponsablemente y sin ninguna planificación". Esas fueron las palabras de la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, sobre la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir la vuelta de los trabajadores no esenciales -la fase -1.5 de la desescalada- a sus puestos de trabajo en un momento (13 de abril) en que España registraba más de 600 afectados y 500 muertes cada día. Desde entonces, la Generalitat ha diseñado sus pautas en la lucha contra la Covid-19. Ahora cuenta con un sistema propio que funciona como un primer filtro para que el Govern decida qué territorios dejar a merced de las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante este proceso de desconfinamiento y cuáles mantener bajo su cobijo por más tiempo.
La metodología que utiliza la Generalitat se basa en una especie de 'pasaporte' para emprender el camino hacia la "nueva normalidad" que cada territorio debe tramitar. El 'papeleo' que examinan las autoridades catalanas se resume en tres letras, EPG, un índice que analiza la probabilidad de que se produzcan los tan temidos rebrotes. El indicador arroja 'niveles de riesgo' que se calculan con la incidencia del virus -los casos por cada 10.000 habitantes- de los últimos 7 días y su tasa reproductiva en cada región, para determinar los siguientes pasos en el proceso de desconfinamiento. La comunidad tiene en cuenta cómo afecta el virus a sus ciudadanos cada día, lo que evita dar pasos de los que después es muy difícil retractarse... Los alemanes y surcoreanos ya experimentan repuntes de contagios por el relajamiento de las restricciones y han tenido que 'corregir' sus estrategias.
En este sentido, la Generalitat ha sido más 'cauta' que el Gobierno de Madrid. La Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso ha puesto toda la carne en el asador al solicitar el cambio de fase para la autonomía al completo, sin hacer un triaje basado en la situación epidemiológica de sus territorios. Cataluña es el caso contrario. Su segmentación es minuciosa: Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona y Terres de l'Ebre pasaron a la Fase 1 la semana pasada por su situación favorable; la Generalitat cuenta con que Sanidad dé el visto bueno a que Lleida, Cataluña Central y Girona 'avancen' el próximo lunes; pero el Área Metropolitana Norte, el Área Metropolitana Sur y la Ciudad de Barcelona solicitarán un tímido paso a la etapa 0,5 por las dudas sobre la seguridad de estos núcleos de población. Se trataría de una "fase 0 avanzada" en la que se podrían reactivar actividades sociales, trabajos científicos y, tal vez, el culto religioso, pero no se permitiría la apertura de bares, gimnasios o terrazas.
Es difícil extrapolar el sistema a Madrid porque la CCAA calcula su incidencia en base a 14 días y no siete, pero los desfases entre territorios son evidentes. El municipio de Brunete, por ejemplo, tiene una incidencia de 363.26; Barajas, de 14.30. Aún así, ambos aspiran a gozar de los privilegios de la siguiente fase. Aquí se ve cómo Cataluña ha ido más allá de los requisitos del Gobierno, con el foco sobre la capacidad de habilitar camas en UCI y hospitales, para comenzar a relajar las medidas con el menor número posible de puntos ciegos. Madrid, por su parte, resalta las contrataciones exprés de personal sanitario y de un equipo de rastreadores de los que todavía se desconoce su 'modus operandi'. Son dos formas muy distintas de gestionar la crisis, pero la catalana 'gana' en transparencia, ya que sus parámetros de gestión se basan en información disponible para todos los españoles, y los de Madrid en datos sepultados en las hojas de trabajo que intercambian la Consejería de Sanidad regional y el Ministerio.
La Generalitat, por otra parte, ha atacado todos los flancos de la desescalada de forma sofisticada. Desde cada pormenor epidemiológico hasta el estado emocional en que sus ciudadanos regresarán a las calles. Y es que el Servicio Catalán de la Salud ha creado una aplicación web para dar apoyo emocional y psicológico a toda la ciudadanía ante la situación excepcional causada por la Covid- 19. Con ello, busca brindar compañía durante la situación de confinamiento y paliar las dificultados por "tener familiares o amigos afectados por la enfermedad, el hecho de no poder acompañar a nuestros seres queridos durante el ingreso hospitalario o la gestión del duelo". Madrid también proporciona este tipo de ayudas a través de una línea telefónica.
Las fricciones en el tablero político han derivado en la creación de métodos independientes. La conselleria de Sanidad detectó una diferencia de más del doble entre las muertes por el virus registradas por la cartera de Salvador Illa y las notificadas por sus funerarias. Tras ello decidió crear su propio informe epidemiólogo y difundirlo en ruedas de prensa diarias similares a las que protagoniza Fernando Simón en nombre del Gobierno. El Ministerio trató de calmar las aguas en la polémica sobre la pertinencia de la inclusión de los datos catalanes con un 'decretazo' en el BOE que establece que solo se incorporarán en las estadísticas oficiales a los difuntos sometidos a una prueba oficial de la Covid-19, y no a los que cuentan con cuadros sospechosos de la cepa en sus certificados de defunción. Fue un balón de oxígeno para el Gobierno, pero la CCAA se ha mantenido firme y no ha dejado de ofrecer sus cifras. Lo mismo se observa en la columna de afectados. La conselleria cuenta los casos sospechosos, y no solo aquellos que se sometieron a un examen.
"No se puede planear el desconfinamiento a 600 kilómetros de distancia". La frase, obra de Torra, define el por qué detrás del esfuerzo por impulsar su propia metodología, tras su reiterada exigencia de "recuperar las competencias de manera inmediata" bajo el argumento de que las CCAA conocen la situación de primera mano y tienen una capacidad de reacción más rápida. El 'president' lanzó a finales de abril dos propuestas al Gobierno: levantar el estado de alarma o modificarlo para que la Generalitat lo dirija. Ninguna ha sido aceptada. Es más, el Gobierno ha tanteado con varias formaciones políticas la posibilidad de prorrogar el estado de alarma un mes más, por lo que no se prevé una desescalada política a corto plazo.
Cataluña no es la única CCAA donde ha subido la temperatura política. El 'lehendakari' Iñigo Urkullu ha exigido "más criterios y menos tutelas" para abordar la desescalada en una de las conferencias virtuales entre el Ejecutivo y los líderes autonómicos, aludiendo al caos provocado por la falta de concreción de algunas de las medidas planteadas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fejióo, también se suma al clamor con la propuesta de un modelo de trabajo que, aunque esté "basado en el mando único" estatal, tenga una aplicación "asimétrica" que permita que las comunidades "puedan modularlo en función de sus necesidades específicas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios