La brecha digital deja suspensos: un 10% de los alumnos sin acceso a la red

La ministra de Educación, Isabel Celaá, venía a reconocer esta semana que la escuela es "insustituible" y que la enseñanza online, por sí sola, no acaba de funcionar, por lo menos en algunas etapas educativas. Son varios los motivos por los que los estudiantes no acceden a Internet -hasta un 10% no tiene esa posibilidad siquiera-para seguir el curso escolar (viven en un zona sin acceso a la red, por cansancio...) pero en el sector preocupa, y  mucho, la conocida como brecha digital, asignatura pendiente de un ministerio al que el coronavirus le ha recordado una de las carencias que viene arrastrando desde antes de esta crisis sanitaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, nueve de cada diez hogares españoles (91,4%) tiene acceso a Internet, lo que sitúa a 1.0601.811 unidades familiares desconectadas. En el caso de los que tienen niños, el porcentaje asciende al 97%, dejando a 186.570 hogares sin conexión. Pero si nos fijamos en el tramo de ingresos más bajos en las familias (900 euros o menos), el 9,2% de esos hogares no puede conectarse a la red, según recoge Unicef. 

Para el mes de septiembre Celaá ha asegurado que los alumnos podrán volver a sus aulas. Es el mejor escenario posible para que la nueva normalidad siga su curso, pero en el horizonte el temor a un posible rebrote de la enfermedad obligaría de nuevo a poner en marcha una educación a distancia que está pidiendo a gritos más gasto en educación. Como medida excepcional, el Gobierno de Pedro Sánchez ahora repartirá entre las Comunidades Autónomas 2.000 millones de euros de ayuda para Educación que saben a poco a muchas de ellas. En suma, no dejarán de ser un parche que salve esta enseñanza online que está siendo un verdadero quebradero de cabeza para esos profesores que lejos de tirar la toalla hacen lo posible por llevar a los alumnos que no pueden contactar vía online los deberes y apuntes impresos para que luego les hagan una foto y lo puedan subir desde el móvil.

En la mayoría de los hogares, un móvil siempre puede haber, aunque la asistencia a clase se haga imposible con este dispositivo... por no hablar de que se agotan los megas contratados en cuestión de días. Porque más allá del acceso o no a Internet, los centros se están enfrentando a la falta de ordenadores en las casas de sus alumnos. Una iniciativa de Cruz Roja, junto a las habituales de entrega de alimentos y vales para comidas y pagos de facturas en estos tiempos de confinamiento, consistió en repartir tabletas entre las familias en riesgo de pobreza para que no se quedasen más atrás en las clases. En Madrid otra asociación hace lo mismo. El 80,9% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de algún tipo de ordenador en casa (de sobremesa, portátil, tableta…), según recoge el INE. Todavía hay un 19% que no. Y la crisis económica de la que todos los organismos oficiales hablan, el último el Banco de España elevando el desplome de la economía hasta un máximo del 15% y anticipando una crisis de tres años, alejan a las familias más vulnerables de dedicar ni un solo euro a la compra de un ordenador. Bastante tienen como para reunir algo para comer. En España 500.000 alumnos no dispondrían de uno, según las estimaciones cruzadas de varios organismos. Cáritas alerta de que la pandemia ha dejado un millón más de personas en extrema pobreza. 

Otra de las trabas con las que se han encontrado centros y alumnos desde que el pasado 13 de marzo les arrancaron de raíz de sus clases en 24 horas es con la sobrecarga de algunas plataformas educativas, que ha impedido su correcto funcionamiento. En las primeras semanas eran los propios centros los que intentaron llegar hasta los alumnos por varios programas de videollamadas improvisando las veces que hicieran falta. "La formación online en niveles que no fueran universitarios prácticamente no existía", reconocen desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). En estos tres meses mucho se ha avanzado, sobre todo entre los más pequeños.

Desde el Ampa de un colegio público madrileño enviaban una circular a los padres de niños que cursaban en infantil poniendo de manifiesto que tras un mes de confinamiento "se vuelve urgente el aportar medidas concretas para que la enseñanza/aprendizaje a distancia llegue a todas las familias y que todos puedan contar con los mismos medios y herramientas tecnológicas y didácticas, fomentando así un ambiente de igualdad que vele por que nadie se quede atrás". En una encuesta realizada el pasado 13 de abril, un 6% de los que respondieron a su cuestionario reconocían que solo tenían acceso a Internet mediante datos móviles. Cinco niños no contaban con ningún dispositivo en casa. El 65% carecía de impresora en casa. El 31% había tenido problemas para acceder a la web del colegio. Este centro, ubicado en una céntrica calle de Madrid, es el espejo en el que se miran muchos centros educativos de España.

Una década perdida

Toca luchar contra esa brecha digital. España es líder europeo en despliegue de fibra óptica por delante de Alemania, Francia o Reino Unido y es lo que ha soportado el aumento notable de tráfico durante el confinamiento. La mayoría de las familias que acceden a Internet lo hacen a través de fibra, pero hay un porcentaje de la población que está desconectada. Así, entre los acuerdos para el inicio y el desarrollo del curso 20/21 que alcanzó el Gobierno con todas las Comunidades Autónomas, excepto Madrid y País Vasco, al que ha tenido acceso La Información, uno de los 14 puntos que contiene indica que las administraciones educativas adoptarán medidas orientadas a la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias. Ante el problema que dicha realidad ha supuesto para un número importante de estudiantes, "se prestará especial atención a la dotación del equipamiento tecnológico necesario para los centros educativos (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) y el alumnado de todas las etapas y enseñanzas (mediante sistemas de entrega o préstamo)". 

Al mismo tiempo, "se promoverán las acciones de formación del profesorado y el alumnado para la utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje". También se recoge que para el próximo curso se pondrán en marcha programas de cooperación territorial  cofinanciados y orientados especialmente en dos direcciones: la recuperación de los grupos estudiantiles que más han sufrido las  dificultades vividas y el refuerzo de los centros afectados por las mismas; y la dotación de equipamiento tecnológico  que permita mantener el vínculo educativo y formativo en las nuevas  circunstancias.

Es el plan del que tanto está hablando la ministra de Educación y que verá la luz próximamente. Sin embargo, también resulta inevitable mirar el gasto en educación y el porcentaje que supone en el PIB para entender por qué no se acaba con esta brecha. Porque una cosa son los planes y otra muy distinta lo que realmente se gasta en educación en España. Echando la vista atrás podemos hablar de una década perdida en esta cartera desde la crisis de 2008. El gasto público que en 2010 ascendía a 52.557 millones de euros, en 2019 fue de 52.079 millones. Una década perdida, por tanto.

Si la OCDE ya advertía en el 2010 que la inversión era baja, ¿qué sucedería ahora? Queda lejos que esa inversión alcance el 5% del PIB del que tanto habla Celaá y que sí se logró en 2009 (5,04%), con un PIB global notablemente más bajo. Desde entonces sólo ha ido cayendo hasta alcanzar el 4,19% actual, con datos de avance del año 2019. Ni siquiera en los años de expansión económica se aprovechó para acortar distancias. Al contrario, se fue agrandando el problema.