España no se toma en serio el cambio climático... y se enreda con el carbón

Si el clima no deja de cambiar, muchas cosas van a cambiar. Para mal. Las advertencias son continuas. La última ha partido de 15.000 científicos de 184 países. Por segunda vez en 25 años han advertido de que las negativas tendencias ambientales amenazan seriamente el bienestar humano hasta extremos difíciles de imaginar.

Más allá de los pronunciamientos apocalípticos, más complicados de asimilar que las grandes mentiras, son pocos los que consiguen explicar lo que está pasando. José Graziano da Silva, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha sido uno de los pocos. "El cambio climático -explicó en una conferencia de prensa sin excesiva repercusión- devuelve la incertidumbre al no poder asegurarse nunca más que se obtendrá la cosecha que se ha plantado". Nunca más.

Parece lógico pensar que cuando está en riesgo el bienestar humano, los Gobiernos están obligados a redoblar los esfuerzos –todos- para reducir los riesgos. La gran mayoría no lo ha hecho hasta ahora. Eso explica que los científicos hayan certificado que estamos peor que hace un cuarto de siglo. A la vista de la situación, también parece lógico que los ciudadanos presionen cada vez más a sus gobernantes para que adopten medidas.

En España, esa presión va en aumento. Pero parece que no funciona. Una prueba. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, después del Acuerdo en la Cumbre del Clima de París, redujeron en un 30% los recursos destinados a políticas de mitigación y adaptación al Cambio Climático. 56 millones de euros, 10 menos que en 2016. Más pruebas. El Consejo de Ministros de 21 de abril de 2017 continuó aprobando la asignación gratuita de derechos de emisión a instalaciones industriales. Son 5,3 millones de derechos que se suman a los 1,2 millones de 2016, 2 millones de 2015 y 13,5 millones de 2014. Gratis.

Quien contamina no paga

La presión de la opinión pública, que existe, no funciona. Y en España, quien contamina, no paga. O no paga lo suficiente. Lo muestra un revelador estudio de la Fundación Alternativas. “La reforma fiscal verde: un análisis de convergencia a nivel europeo", de Elena Villar Rubio. El estudio destaca que España es el país con la presión fiscal medioambiental más baja de toda la UE-27. Un 4,8% de la recaudación total frente al 6,1% de la UE.

El problema es que los Gobiernos en España, sin distinción de credo político, han puesto por delante de los costes medioambientales –esos que pagamos o pagaremos todos- la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Desde hace una década, los cambios en las normas no han tenido en cuenta ni el CO2 ni los criterios de sostenibilidad ambiental. Los beneficios primero.

La tendencia se mantiene y da lugar a clamorosas contradicciones. Como Jano, el Gobierno tiene dos caras y las muestra sin rubor. Mientras en España el ministro de Energía, Álvaro Nadal, enviaba esta semana a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) un borrador de decreto para impedir el cierre de centrales de carbón, en la Cumbre del Clima de Bonn, la jefa de Cambio Climático del Gobierno, Valvanera Ulargui, anunciaba la solemne incorporación de España a la Plataforma 2050 que impulsa la descarbonización de la economía. Soplar y sorber a la vez.

Lagarde: "Nos tostaremos"

Si todos los países se comportaran de la misma forma, los rotundos vaticinios de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristine Lagarde serían inevitables: "Nos tostaremos, nos asaremos y nos churruscaremos" si no se adoptan medidas urgentes, dijo la ejecutiva del fondo durante una conferencia celebrada en Riad (Arabia Saudí).

En España, además, nos ahogaremos. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, publicó en 2014 la investigación “Cambio Climático en la costa española". Anuncio: el nivel del mar en el litoral español subirá 80 centímetros en este siglo por el cambio climático y afectará a 15 millones de personas que habitan un litoral urbanizado en un 75%. Para quienes sólo piensan en dinero: los impactos supondrán un coste entre el 0,5% y el 3% del PIB anual según provincias y escenarios.

Se puede decir que no nos tomamos en serio un tema serio. Hace un año, en Marrakech, el Gobierno prometió una Ley de Cambio Climático. Hoy, en lugar de Ley, tenemos una comisión de expertos que trabajará propuestas durante seis meses. Estamos en ello.