Cataluña ataca a la economía española pero admite que necesita su financiación

"No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto", dijo Quim Torra el pasado viernes, el mismo día que se cumplía un año de los atentados del 17-A. Fueron unas declaraciones del presidente de la Generalitat que concuerdan con otros ataques que el Govern catalán está protagonizando contra el Estado en distintos foros. En materia económica también se están produciendo embestidas por parte del Ejecutivo autonómico, tal y como se puede comprobar en el informe que el departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda catalán está remitiendo durante este verano a inversores internacionales. En estas páginas se culpa a España de ser un lastre para la economía catalana.

En el documento dirigido a inversores por la Generalitat se pueden leer diferentes 'perlas' contra el Estado español. Por ejemplo, sobre el modelo de financiación actualmente en vigor (y que lleva caducado desde 2014) el Govern lo tilda de "complejo y desequilibrado", además de incomprensible para los analistas financieros por su complejidad. Todo ello, por cierto, en vísperas de una negociación que ha iniciado el Gobierno de Pedro Sánchez para modificar algunos aspectos del mismo e incrementar la financiación en algunas autonomías, incluida Cataluña.

Asimismo, la Generalitat afirma que" Cataluña no tiene un problema financiero estructural", sino que es el excesivo control del Gobierno central lo que lastra las cuentas catalanas. El Govern destaca que una Cataluña sin el 'proteccionismo' de Madrid sería muy diferente, ya que en términos generales aporta más de lo que percibe. Así lo explica el equipo de Quim Torra: "Los gastos públicos regionales están por debajo del promedio español" y, sin embargo, "la recaudación de impuestos regionales está muy por encima de la media española".

La Generalitat de Torra también acusa a España de un proteccionismo que perjudica a sus finanzas: "El Gobierno central tiene el poder de decidir la proporción de recursos asignados a las regiones (más del 90% de nuestros ingresos), los niveles obligatorios del estado del bienestar (lo que suponen una restricción de más del 90% de nuestros costes), y cambios legales para permitir la reestructuración del sector público". En definitiva, el Govern habla de que la "base de los gastos" de la autonomía se encuentra "fuertemente influenciada por la legislación básica" que impone el Gobierno central.

A pesar de estos ataques y reproches al Estado español, el equipo de Torra admite en el mismo informe que su sostenibilidad depende del Gobierno central. Lo hace con estas palabras: "En el período 2011-2017, la Generalitat ha reducido su deuda a corto plazo y flotante", un cambio que hace a Cataluña "menos vulnerable a la tasa de interés y a los riesgos de la refinanciación".

Todo ello ha sido posible gracias a los mecanismos de liquidez que han aportado la financiación que necesitaba Cataluña; sin ellos las cuentas catalanas estarían quebradas. El Govern añade en el mismo informe a inversores internacionales que "los mecanismos de liquidez establecidos por el Gobierno central permiten que la Generalitat pueda avanzar en la misma dirección en 2018". 

Esos mecanismos de liquidez que han sido vitales para la economía catalana han generado una deuda que la Generalitat tendrá que ir devolviendo a lo largo de los próximos meses y años. Antes de finales de este 2018, el Govern tiene que hacer frente al pago de 1.220 millones de euros al Estado español: 182 millones en septiembre, 833 en octubre, 23 en noviembre y 182 en diciembre. Todo ello mientras los ataques verbales procedentes de los dirigentes catalanes se han incrementado. Hay que recordar que en el mes del referéndum del año pasado Cataluña tuvo que devolver, de forma paralela, más de 1.000 millones de euros al Estado.

A largo plazo la Generalitat tiene que devolver al Estado más de 52.000 millones de euros en los próximos años, hasta 2027. En 2019, por ejemplo, la cifra a retornar es de casi 7.000 millones y en 2020, 2021, 2022 y 2023 roza los 8.000 millones. El Govern, mientras, comenzará a negociar en septiembre de manera bilateral con el Ejecutivo de Sánchez un reformado sistema de financiación y una posible reestructuración de esta deuda que ya tenía en mente el Gobierno del PP. Los representantes catalanes, por cierto, siguen sin acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y prefieren abordar los aspectos financieros de 'tú a tú' con el Gobierno central.