El Gobierno 'congela' hasta septiembre la subida de sueldo para los funcionarios

  • Batet informa a los sindicatos de que no habrá ni actualización de nóminas ni paga de atrasos a los empleados públicos hasta después del verano
Fotografía de Meritxell Batet, ministra de Función Pública
Fotografía de Meritxell Batet, ministra de Función Pública
Europa Press

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Jarro de agua fría para los funcionarios. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, ha informado a los sindicatos, según ha trasladado CSIF en una nota informativa, de que los empleados públicos no verán actualizadas sus nóminas en función de los acuerdos salariales firmados en marzo ni percibirán la paga de atrasos por los sueldos pendientes de percibir hasta el próximo mes de septiembre. En principio, los sindicatos esperaban que ambas operaciones se sustanciaran si no en la nómina de julio, sí en la de agosto.

Pese a que los sindicatos de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro, cerraron a principios de marzo un acuerdo para que las nóminas de los cerca de tres millones de empleados públicos de todo el país aumentaran de manera general un 1,5% en el primer semestre y un 1,75% a partir de junio en este año 2018, hasta ahora esas retribuciones solo se han actualizado un 1% respecto al año 2017, según lo previsto en la ley de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

El acuerdo alcanzado en marzo preveía la aplicación automática de la subida salarial pactada en cuanto estuvieran aprobados los Presupuestos Generales del Estado. Bajo esa premisa, las nóminas de los funcionarios se actualizarían un 0,75% extra a partir del mes siguiente a la aprobación de los Presupuestos y los empleados públicos percibirían también una paga de atrasos por el sueldo no recibido por la aplicación de la subida del 1%, respecto al 1,5% pactado. Según el sindicato UGT, para un sueldo medio de 1.500 euros brutos mensuales la extra sería de unos 210 euros.

La cifra será ahora algo superior, ya que Hacienda no sólo tendrá que compensar el medio punto porcentual de salario no percibido durante el primer semestre sino también el 0,75% correspondiente a la nómina de julio e igual también de la de agosto. Según fuentes sindicales, el argumento de la Administración es que las nóminas de julio y agosto se programan prácticamente a la vez en los servicios de habilitación de los ministerios y por ello se plantea dejar la actualización para septiembre.

Sin embargo, fuentes de CCOO consultadas por La Información avanzan que el sindicato planteará a la ministra Batet en la reunión del próximo lunes 16 la posibilidad de agilizar lo más posible la actualización de las nóminas y el pago de los atrasos para liquidarlos en agosto, y no esperar a septiembre para que los empleados públicos vean reflejadas en sus cuentas corrientes el efecto de la subida salarial. 

Oferta de Empleo Público 2018

El próximo 27 de julio, durante la celebración del Consejo de Ministros, el Gobierno aprobará la oferta de empleo público (OEP) de 2018 y comenzará a aplicar la subida salarial a los empleados públicos que se recoge en los Presupuestos de este año en la nómina de septiembre, con los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año. Así lo ha explicado este lunes CSIF, que se ha reunido hoy con el nuevo director general de Función Pública, Javier Rueda, para marcar los temas que abordarán los sindicatos con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el próximo 16 de julio.

En la reunión, el Gobierno ofrecerá una propuesta a los sindicatos para eliminar los descuentos en la nómina de los empleados públicos por Incapacidad Temporal. CSIF ha valorado favorablemente este primer encuentro y ha expresado su voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan "pasar página" a los recortes de la crisis, avanzar hacia la recuperación y trasladar las reformas que necesita las administraciones públicas, según ha informado CSIF.

El sindicato también ha trasladado al Gobierno la necesidad de derogar la instrucción de jornada y horarios que estableció una jornada mínima de 37,5 horas para que se pueda aplicar la jornada laboral de 35 horas.

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